La medida se tomó por el escándalo y los graves delitos que se le investigan al intendente Rubén Méndez. En los operativos de ayer se descubrió que escondía casi 200 millones de pesos en moneda nacional, dólares y euros.

Si bien no trascendió quién será el interventor, desde el Gobierno no quieren dejar correr más tiempo. Morillo precisó que la intervención será hasta la próxima elección de 2023. 
“Las causas son de tal gravedad que requieren un remedio extraordinario”, afirmó la funcionaria provincial.

Acusado de todo 

Méndez fue reelecto en 2019, con el 34,4% de los votos. Fue por el sector kirchnerista del Partido de la Cultura. Cuando juró lo hizo delante de su madre y por la Biblia. 
El historial de la gestión de Méndez está salpicado por denuncias y hasta una destitución. Eso justamente ocurrió en junio de 2017, en su primera gestión. 

Con el voto de ocho de los nueve concejales se resolvió destituirlo. En ese entonces consideraron que incurrió en diversas irregularidades en el manejo de los recursos del municipio de frontera.

El 25 de febrero de este año, el fiscal penal de Salvador Mazza, Armando Cazón, lo imputó por los de los delitos de malversación de caudales públicos e incumplimiento de deberes de funcionario público, en grado de autor.

Del decreto de imputación surgió que la intervención del fiscal penal Armando Cazón se produjo tras la denuncia radicada el 26 de octubre de 2020 por el presidente del Concejo Deliberante de Salvador Mazza, Carlos Blademir Villalba.

En la denuncia, Villalba hizo constar que el municipio de Salvador Mazza cuenta con su Carta Magna Municipal desde 2018, ratificada por la Legislatura provincial y promulgada por la ley 8111, la que fija las pautas obligatorias para el representante del Ejecutivo. Sin embargo, el intendente no puso en funcionamiento ninguna de las áreas establecidas por la normativa.

Según consta en el decreto de imputación, el intendente también incurrió en el delito de malversación de fondos públicos, ya que en dos períodos fiscales incumplió con lo establecido por la Carta Orgánica, al no enviar el presupuesto de gastos para el año de ejercicio al Concejo Deliberante, lo que fue solicitado en diversas oportunidades mediante pedidos de informe.