En la oportunidad, los senadores Walter Wayar y Javier Mónico expusieron sobre el rechazo a tales designaciones, siendo acompañados por sus pares Manuel Pailler y Carlos Rosso, al momento de la votación.
Cabe destacar que el senador Pablo Soto, titular de la Comisión de Justicia, Acuerdo y Designaciones, fundamentó la designación de los auditores, en que representan a la oposición como está estipulado. Elsa Pereyra Maidana participó en las últimas elecciones con la lista del Salta Independientes-PRS; mientras que Segura -que va ahora por un nuevo mandato, cuando asumió en 2018 lo hizo en representación del Partido de la Victoria. En ambos casos son fuerzas políticas por fuera del oficialismo que hoy conduce el gobernador Gustavo Saenz. Los senadores Walter Wayar y Javier Mónico votaron en contra.
Posteriormente, el vicepresidente 1º -a cargo de presidencia- Ashur Lapad, les tomó juramento en el recinto.
También en dicha Sesión Especial se dio acuerdo al pliego del Dr. Aníbal Reynaldo Burgos Brusechini, como reemplazante temporario para el cargo de Juez del Tribunal de Juicio Sala I, Vocal N° 1 del Distrito Judicial Tartagal.
El FOCIS rechazó el proceso selectivo
Desde el Foro de Observación de la Capacidad Institucional (FOCIS), en un comunicado se advierte la preocupación que genera la actuación de la Cámara de Diputados en el procedimiento para la designación de dos miembros de la Auditoría de la Provincia.
Indica que las personas cuyas designaciones han sido puestas a consideración del Senado Provincial no han sido propuestas por una Comisión de la Cámara Baja compuesta por siete miembros, de los que por lo menos cuatro de ellos deben pertenecer a partidos políticos o frentes electorales de la oposición, como está previsto en el Artículo 169, Ap. III de la Constitución de la Provincia.
En esas condiciones, el Senado no puede ni debe designar en la Auditoría a los candidatos de Diputados porque la solicitud no ha sido hecha por una Comisión competente para hacerla, según la referida expresa norma de la Constitución Provincial. Sin mengua alguna acerca del prestigio personal que pudieran tener los profesionales indicados para ser designados, aparece claramente su ausencia de idoneidad para ejercer las funciones propias de la Auditoría, dicho esto por el propio Consejo Profesional de Ciencias Económicas y su Colegio de Graduados. La Comisión de Diputados mal integrada tampoco expresa fundamento alguno, no se sabe cuál ha sido el criterio de selección, como "tampoco si la idoneidad es autoproclamada, declamada y no probada", como han manifestado las agrupaciones de profesionales en ciencias económicas acerca de los propuestos.
Señala que en la reciente Convención Constituyente el funcionamiento de la Auditoría y por ende su integración han sido objeto de debates tendientes a que el Organismo funcione con independencia, eficacia e idoneidad, que cuente con el apoyo de las Instituciones básicas del Estado. No parece que estas premisas estuvieran cumpliéndose.
