Liliana Borelli, presidenta del Congreso partidario y los miembros de la Junta Ejecutiva Laura García, Iván Mizzau y Osvaldo Roberto Sánchez, solicitaron una medida cautelar denunciando irregularidad y una constitución ilegal del órgano partido luego de que el Partido de la Victoria anuncie que se sumaría al frente Avancemos, conformado por Ahora Patria, Salta Independiente y Emiliano Estrada, actual diputado nacional por el Frente de Todos. 

Los denunciantes solicitan se declare la nulidad de lo actuado por la Junta Ejecutiva en la convocatoria al Congreso Partidario, que se realizó el 10 de febrero, y también lo resuelto tanto en el acto asambleario como en la Comisión de Acción Política (CAP). Asimismo, solicitan una medida cautelar de no innovar respecto a la estrategia electoral del PV. 

Entre los motivos, señalan que la Junta Ejecutiva no tomó la voluntad del congreso al designar a personas para integrar la CAP, que fue la de respetar el cupo femenino. Es decir, las personas debían ser García, Mizzau y Sánchez; pero García fue reemplazada por Ramón Villa por decisión de Leavy. 

A la vez, en la demanda manifestaron que están “sacrificando las legítimas expectativas de afiliados de ser candidatos por el partido, para cederlos indebidamente a dirigentes de otras fuerzas políticas que nada tienen que ver con el ideario y los principios nacionales y populares”, apuntando directamente a Carlos Zapata, quien será el candidato a vicegobernador acompañando a Estrada. 

Los dirigentes sostienen que la convocatoria al Congreso realizada no reunió los requisitos para ser válido al no tener el quorum de la mayoría absoluta de los miembros de la Junta Ejecutiva, es decir, la mitad más uno de sus miembros; lo que volvería nulo todos los actos realizados a posterior, en particular la decisión de que sea el presidente del partido, el senador nacional Sergio Leavy, quien designe a tres de los miembros de la CAP cuando no es una atribución permitida por la Carta Orgánica partidaria.

Otra situación planteada es la participación de Guillermo Alberto, presunto Tesorero del Congreso, que en realidad “está vedado” por no ser afiliado al partido; y la presentación de balances contables que no cuentan con la debida certificación del Consejo Profesional de Ciencias Económicas. 

Los denunciantes apuntaron también contra el apoderado Juan Pablo Marco, asegurando que realizó presentaciones contra miembros de la Junta Ejecutiva y del Congreso, dejando en claro que “no actúa como apoderado del PV ni defiende la legalidad de los actos partidarios, sino que obra con la sola y exclusiva instrucción del presidente Sergio Napoleón Leavy”.

En ese sentido, solicitaron que se aparte a Marco de las actuaciones dentro del Tribunal Electoral.

La presentación de los dirigentes deberá ser respondida antes del 15 de marzo, fecha límite de presentación de frentes, para evitar que el PV conforme Avancemos.