Manuel Cornejo se sentará en el banquillo de los acusados

La audiencia debate se extenderá hasta el 5 de julio. La UDEC acusa a Manuel Cornejo de incumplimiento de los deberes de funcionario público, peculado (cuatro hechos), todo en concurso real. En tanto, a la secretaria de Hacienda de su gestión, de incumplimiento de los deberes de funcionaria pública y peculado, todo en concurso real.

La fiscal penal de la Unidad de Delitos Económicos Complejos (UDEC), Ana Inés Salinas Odorisio, representará al Ministerio Público Fiscal en la audiencia debate que iniciará este viernes 16 de junio a las 13 en la Sala 6 del Tribunal de Juicio contra el exintendente de Campo Quijano, Manuel Cornejo, y la exsecretaria de Hacienda de la comuna, Carmen Méndez.

Salinas Odorisio acusa a Cornejo de los delitos de incumplimiento de los deberes de funcionario público, peculado (cuatro hechos), todo en concurso real, y a Méndez de incumplimiento de los deberes de funcionaria pública y peculado, todo en concurso real.

El juicio será presidido por el juez Guillermo Pereyra. Se desarrollará en el Salón de Grandes Juicios desde el 16 de junio hasta el 5 de julio.

Su inicio estaba previsto para el 12 de junio, pero los acusados realizaron un cambio de abogados el 8 de junio pasado, solicitando autorización para la extracción de copias de las actuaciones para el adecuado ejercicio de la defensa técnica. El juez Pereyra otorgó la solicitud, difiriendo el inicio de la audiencia para el viernes 16 de junio.

La intervención de la UDEC inició en enero de 2020, cuando el intendente de Campo Quijano, Oscar Folloni, denunció la falta de registros contables de fondos municipales de los períodos 2017-2019.

Por su parte, el informe de la Auditoria General de la Provincia, dio cuenta de la inexistencia de la documentación respaldatoria de los gastos efectuados, del incumplimiento de la normativa financiera y la transparencia de la gestión pública en el manejo de fondos. Además, se constató la falta de registros contables que permitieran determinar el destino real de los fondos asignados durante su gestión y verificar la legitimidad de los gastos.

Tras investigar los hechos y reunir las pruebas necesarias, la UDEC elevó el requerimiento de juicio contra los exfuncionarios municipales.