Con una orden de entrega de información, del juez federal Miguel Medina, la cual fue presentada ante la titular de las oficinas, Susana Aramayo, quien de inmediato permitió el acceso a las computadoras a los peritos de Delitos Económicos Complejos, de la Gendarmería Nacional, quienes actuaron coordinados por el Área de Caso Complejos de la fiscalía federal.
Lejos de llevarse las máquinas, los investigadores revisaron en el lugar los CPU, hecho que generó revuelo entre los empleados, como así también entre las personas que esperaban para hacer trámites.
Las tareas en las oficinas, según informaron, estaba centrada en conocer no solo el protocolo para gestionar el IFE, sino también en identificar la huella digital de las personas que aparecen implicadas, lo que determinaría si efectivamente realizaron los trámites.
Por otra parte, no se descarta que diligencias como las de ayer, puedan repetirse en la jornada de hoy en otros organismos nacionales.
Por el momento, no se habla de imputaciones penales determinadas, pues las mismas llegarán una vez que se haya reunido suficientes elementos de prueba.
No se descarta tampoco, que haya más personas implicadas, al margen del listado que desató el escándalo, el cual fue el primero en ser incluido en la investigación.
