El fiscal Toranzo investiga a los 50 funcionarios que tramitaron el beneficio para conocer el horario y el lugar desde donde se realizaron.
Aclaró que en estos momentos se encuentran recolectando evidencias y que por ello asistieron el lunes pasado a las oficinas de ANSES en búsqueda de documentación. Después de la investigación, se los llamará a una audiencia publica en donde se les informará de que se los acusa y las pruebas que tienen, indicó. Cabe destacar que pueden tener una condena de hasta seis años de prisión.
Toranzos explicó que están en la etapa de recolección del IP de las computadoras desde donde partieron las solicitudes para cobrar el Ingreso Familiar de Emergencia los 50 funcionarios, la mayoría concejales de diferentes municipios salteños.
Uno de los que solicitó el beneficio es el actual jefe de la UDAI Salta y jefe de la Cámpora, Marcos Vera, quien aclaró en diferentes medios que lo único que quiso es grabar un tutorial para informar el método de inscripción. Sin embargo, Toranzos aseguró que se está investigando el lugar geográfico y el horario desde donde se realizó el trámite, ya que la mayoría de ellos se podía lograr en horas de la noche por la cantidad de solicitudes. “Nadie hace un tutorial a las doce de la noche por ejemplo”, manifestó.
Consultado sobre si podrían ser personas que quisieran perjudicar a los que hoy están en el ojo de la tormenta, el Fiscal Federal dijo que para inscribirse era necesario tener no solo el DNI, sino también CBU, clave de seguridad social y además aclaró que el dinero se depositaba en sus propias cuentas bancarias.
En el caso de los funcionarios, estos tendrían que haber sido excluidos porque forman parte de la administración pública y el sistema los excluye directamente. En caso de los funcionarios, deben respetar deberes del Estado y la omisión en su cumplimiento es un delito penal, sentenció.
