Proyectos del Diputado Nacional Pablo Outes SOLICITA SE PRORROGUE LA VIGENCIA DEL FONDO NACIONAL DE INCENTIVO DOCENTE, CREADO POR LA LEY 25053.

LOS DOS PROYECTOS QUE ESTOY PRESENTANDO SOBRE EL TRANSPORTE Y LOS DOCENTES.

Dirigirse al Poder Ejecutivo para que a través de la secretaría de transporte o el organismo 
que corresponda: 

1. Restituya las partidas correspondientes al Fondo de Compensación al Transporte 
Público de pasajeros por automotor urbano y suburbano del interior del país, en 
cumplimiento de lo dispuesto en el Presupuesto General de la Administración 
Pública Nacional para el Ejercicio 2023 prorrogado por el decreto 88/2023. 
2. Homologue el servicio de cobro de pasajes SAETA, de la provincia de Salta, con 
el Sistema Único de Boleto Electrónico (SUBE) 
3. Destine los fondos equivalentes al “Tributo social” del sistema SUBE para 
subsidiar a los usuarios de la Provincia de Salta que cumplen con los requisitos 
para acceder al subsidio pero no pueden hacerlo por no contar con un sistema 
único.

Sr. Presidente: 

El presupuesto que la administración pública nacional 2024 destina a las provincias para 
cubrir gastos en educación es fundamental para sostener el sistema público de educación 
y asegurar la gratuidad, el libre acceso y la calidad educativa. La provincia de Salta cuenta 
con un sistema educativo de eficaz que se sostiene gracias al gran esfuerzo que hace el 
gobierno provincial y al aporte del estado nacional. 

El FONID (fondo de Incentivo Docente) no solo es necesario para complementar el pago 
de salarios de los docentes, sino que también incluye: mantenimiento y reformas edilicias 
de las instituciones educativas, adquisición de materiales didácticos, servicios de calidad 
en los establecimientos, conectividad y alimentos, entre otros. 

La decisión del Poder Ejecutivo de congelar las transferencias a las provincias atenta 
directamente la el federalismo que anhelamos los argentinos. Además, demuestra un acto 
de inequidad y de insensibilidad social, porque la búsqueda del equilibrio financiero no 
puede implicar actos que releguen los derechos básicos, tal como lo es el acceso a la 
educación pública, gratuita y de calidad como determina nuestra Constitución Nacional. 
Ergo interfiere en la autonomía provincial del sistema que aseguraría una correcta 
distribución de los tributos nacionales. 

De haberse aprobado el presupuesto 2024 el área de educación se vería reforzado ante un 
escenario de crisis económica como el que estamos sufriendo. 
El recorte que propone el presidente atenta contra obras y políticas públicas que en lo 
cotidiano afectan directamente al pueblo salteño. De sostenerse el recorte en partidas, y 
según lo que se había presupuestado para 2024, se desfinanciaran áreas como: 
Gestión Educativa y Políticas Socioeducativas ($4.070.860 millones) que incluye la 
Gestión Educativa en el Nivel Inicial, Primario Secundario y los Programas de 
terminalidad Educativa de Jóvenes y Adultos; 

Infraestructura y Equipamiento ($1.020.677 millones) que incluye entre otros Asistencia 
Financiera para Ampliación y Refacción Edilicia ($532.518 millones), Aplicación del Fondo Nacional para la Educación Técnico Profesional ($996.190 
millones), 

Fortalecimiento Edilicio de Jardines Infantiles ($ 1.279.395 millones) 
En total el rubro educación estaba presupuestado en $51.149.539 millones. 
A este desfinanciamiento se le suma el recorte que el Poder Ejecutivo quiere realizar en 
la distribución del FONID. 

El Fondo Nacional de Incentivo Docente fue creado por la ley 25053 estableciendo una 
vigencia del mismo por cinco años, el cual fue prorrogado anualmente por decreto. La 
última prórroga se concedió con el decreto 88/2022 por el cual se sostenía la 
recaudación y posterior transferencia hacia las distintitas jurisdicciones por el termino 
de dos años a partir del 1 de enero de 2022. 

El presupuesto de la administración pública nacional para 2023 -aprobado por la Ley 
27.701- autorizo la incorporación de $31.175 millones para el Fondo Nacional de 
Incentivo Docente por lo que con la prórroga del presupuesto 2023 -por medio del 
decreto 88/2023- el poder Ejecutivo debe dictar las decisiones administrativas 
necesarias para actualizar dicho monto y distribuirlo a las jurisdicciones 
correspondientes según lo estipula la ley 25.053. 

La provincia de Salta ha cumplido de manera eficaz con en el pago de los salarios de los 
docentes, ha adecuado sus estándares educativos para que la carrera docente sea de 
calidad manteniendo el dialogo y el consenso con los gremios del sector y demás 
integrantes de la comunidad educativa, pero también es cierto que hacer frente al pago 
de los salarios en tiempo y forma es una prerrogativa que se hace difícil cumplir si en el 
medio de una crisis económica y financiera como la que está viviendo nuestro país, se 
nos obliga a cubrir el porcentaje que corresponde el FONID. 

Creemos en un sistema federal de gobierno que respete la autonomía de las provincias 
sobre temas tan delicados y que hacen a nuestra idiosincracia, identidad y cultura 
provincial, pero debemos contar con el apoyo de la nación en tiempos donde la realidad 
económica es desfavorable. Debemos poner en valor la necesidad de adecuar la economía en función de las políticas públicas que tengan como principal atención las 
necesidades de nuestro pueblo. 

Por lo expuesto es que solicito a mis pares me acompañen en el presente proyecto de 
resolución 

Pablo Outes

 Diputado Nacional