Reforma laboral: qué le pidieron los empresarios al Gobierno para avanzar con la reglamentación

Aunque la reforma laboral incorporada en la Ley Bases fue diezmada respecto de lo que contenía el original y cuestionado DNU, fue igualmente muy bien recibida por el sector empresario ni bien fue aprobada por el Congreso. Sin embargo, y al igual que el sindicalismo quiso hacer lo suyo, las distintas cámaras empresarias que nuclean el Grupo de los 6 (G6) buscaron en las últimas semanas asegurarse de que la reglamentación de todo ese apartado no dejaría espacio a dudas ni a posibles interpretaciones diversas. Y si bien el secretario de Trabajo, Julio Cordero, es un histórico abogado del laboralista del sector empresario -lo cual hace suponer que el establishment podría descansar tranquilo-, hasta que la reglamentación no esté publicada, los hombres de negocios se mantendrán expectantes.

El ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, se refirió en las últimas horas a la reforma laboral incluida en la Ley y adelantó que será reglamentada entre fines de esta semana y la próxima. “Se viene más libertad, especialmente en lo que respecta a la tarea del gobierno. La visión general del presidente Milei es que lo que los argentinos necesitan es más libertad”, afirmó el ministro en declaraciones televisivas. Según explicó, las reformas estarán orientadas a reducir la burocracia y facilitar la actividad económica, eliminando requisitos y regulaciones que, en su opinión, obstaculizan el funcionamiento del mercado laboral.

 
Así como lo hicieron representantes del sector sindical, las distintas cámaras empresarias le presentaron a Cordero sus propuestas para la reglamentación de los principales puntos. Aprovecharon el primer encuentro de la mesa de diálogo tripartita, ocurrida semanas atrás en la sede de la cartera laboral, y de la que también participó Sturzenegger. Los planteos fueron los siguientes:

Período de prueba: según la Ley, pasó de 3 a 6 meses, pero subirá a 8 meses para las firmas de entre 6 y 100 trabajadores y podrá estirarse hasta 1 año en el caso de las pymes que cuenten con hasta cinco trabajadores. La extinción del contrato durante el período de prueba exime del pago del preaviso, la integración del mes de preaviso y la indemnización por antigüedad. Sobre este punto, el pedido del G6 fue que se ratifique lo expuesto en la Ley y que sea, como debe ser, para los nuevos trabajadores. “En materia laboral no se pueden afectar los derechos adquiridos, por lo que siempre los cambios deben ser hacia adelante”, dijo a Infobae uno de los abogados del sector empresario.

 Los titulares de la Bolsa de Comercio, Adelmo Gabbi; de la Cámara de Comercio (CAC), Mario Grinman; y el vicepresidente de la SRA, Marcos Pereda

Blanqueo laboral: lo que plantea este artículo de la ley es que las empresas podrán regularizar a sus trabajadores no registrados o mal registrados sin pagar multas ni tener sanciones. También estarán eximidas de cualquier acción penal. Concretamente, se dará de baja a estas firmas en el Registro de Sanciones Laborales (REPSAL) y se les condonará deudas por capital e intereses, de acuerdo a lo que disponga la reglamentación. Al respecto, los empresarios consideraron que se trata de un blanqueo tradicional donde no hay mucho por sugerir. Los trabajadores que queden regularizados por sus empleadores tendrán derecho a computar hasta 60 meses de aportes previsionales, aunque hayan trabajado más años de manera informal. Pero esos hasta 5 años no serán considerados para el cálculo del haber inicial de la jubilación.

Fondo de cese laboral: “Ahí lo que se busca es que sea optativo, que sea acordado vía los convenios colectivos de trabajo de cada actividad, pero que sea optativo a nivel de empresas”, coincidieron fuentes de varias cámaras. La ley prevé la creación de un fondo o sistema de cese laboral que sustituya la indemnización por antigüedad (art. 245 de la Ley de Contratos de Trabajo), algo similar a lo que funciona para el sector de la construcción, que tiene trabajadores rotativos permanentemente (por la finalización de las obras). Lo que ocurre en otras actividades es que muchos empresarios no quieren hacerse cargo hoy del costo de una futura indemnización. Menos aún si el trabajador también cobrará el fondo si renuncia. Este es uno de los temas que los abogados del G6 también pidieron: que sólo pueda cobrar el dinero un trabajador que presente en el banco el telegrama de despido.
Bloqueos sindicales, causal de despido: Este fue uno de los logros que el Gobierno y el sector empresario obtuvieron cuando el proyecto de Ley de Bases pasó por el Senado, un cambio que luego mantuvo Diputados. Un trabajador que esté acusado de bloquear una fábrica podrá ser despedido con causa. Al respecto, lo que pidieron los gremios, y que también apoyan los empresarios, es que se establezca un protocolo en la reglamentación que establezca cuáles son los procedimientos a seguir que corroboren que se trató efectivamente de un bloqueo. “El protocolo tiene que ser muy claro, que no dé motivo a diversas interpretaciones”, dijeron en una de las cámaras empresarias.

Trabajadores independientes con colaboradores: Se establece que un trabajador autónomo o monotributista podrá emplear hasta 3 trabajadores también como monotributistas acogiéndose a un régimen que también saldrá en la reglamentación. Allí, se dictaminará de qué forma se hará el aporte mensual a la obra social, al sistema de seguridad social y a la cobertura de riesgos del trabajo.
Los mencionados son los cambios principales en materia laboral que contiene la Ley Bases, además de otros puntos que no ameritan reglamentación. La eliminación de las multas era otro gran pedido del sector empresario y fue concedido (no requiere de reglamentación), aunque todavía el sector convive con el problema del denominado “anatocismo”, que se refiere al cálculo de los intereses sobre intereses y que da cifras exorbitantes a pagar en los juicios laborales. Este punto había sido incluido en el DNU pero luego quedó fuera de la Ley Bases. Por eso, desde el sector empresario, y también desde el Gobierno, buscarán avanzar con un proyecto de ley que resuelva este tema. “Tenemos sentencias de 300 y 400 millones de pesos”, había dicho un industrial de la UIA meses atrás. “Esto se resuelve con una ley que aplique un criterio unificado para todos los camaristas”, dijeron fuentes empresarias.