Parientes de detenidos declararon que realizaron envíos de dinero a distintas cuentas a solicitud de sus familiares, quienes argumentaban que era para alimentos o materiales de trabajo. También prestó declaración uno de los imputados.
Policiales04 de septiembre de 2025
Guadalupe Montero
En una nueva jornada de la audiencia de debate seguida contra funcionarios del Servicio Penitenciario, internos y familiares, prestaron testimonio tres familiares de detenidos.
El primero de ellos, primo del detenido involucrado en el delivery de las pizzas dentro de la UC1, manifestó que su primo no consumía la comida del penal porque no es muy saludable, por lo que su tía le cocinaba y él le llevaba en grandes cantidades. Señaló además que realizaba transferencias bancarias —a distintos CBU o alias— para la compra de alimentos, y que recibía envíos de dinero de su primo destinados a la adquisición de materiales, como madera, tanto para él como para algunos compañeros de celda.
Durante la audiencia, la Unidad Fiscal —integrada por el procurador general Pedro García Castiella y los fiscales penales Ana Inés Salinas Odorisio, Gustavo Torres Rubelt y Santiago López Soto— informó al testigo que su primo había declarado que le enviaba dinero para su libre disposición. Frente a ello, el familiar negó haberse quedado con los fondos y sostuvo que las transferencias siempre tenían un destino específico.
Luego prestó testimonio la madre de otro interno, quien también admitió haber realizado transferencias de dinero a distintos CBU. Precisó que su hijo la llamaba desde el teléfono público del penal o desde algún celular y le solicitaba el dinero para madera. Consultada sobre si su hijo era adicto a alguna sustancia, manifestó que cuando se encontraba en libertad, sí, pero que desconocía su situación adentro del penal.
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Los ocho funcionarios del Servicio Penitenciario fueron hallados culpables. Los dos internos del penal y familiares de alojados en la UC1 recibieron penas de entre 1 y 9 años y 6 meses.
El Procurador General de la Provincia de Salta dispuso la creación de una Unidad Fiscal especializada para la tramitación y avance de la investigación por el fallecimiento del excomisario Vicente Cordeyro, ocurrido en la localidad de San Lorenzo.
Por el hecho, un joven de 21 años, recibió la imputación como autor de los delitos de amenazas con arma y apología del delito, en perjuicio de un trabajador de prensa.
Luego de encontrar su cuerpo en la localidad de San Lorenzo, se realizó la autopsia con la participación de un perito de parte.
El sujeto se comunicaba mediante mensajes de WhatsApp con la adolescente, a la que le pedía fotos íntimas, llegando a consumar los abusos en más de una oportunidad.
El pedido se suma al de la ONU, que advirtió sobre "crímenes de guerra" pese a la paz acordada.
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El Presidente anticipó que a partir del 10 de diciembre el Congreso “va a ser mucho mejor que el de ahora” y apuntó que el kirchnerismo es “una minoría ruidosa”.
La medida responde a un grave deterioro de las condiciones atmosféricas que alcanzó niveles "peligrosos" para la salud de la población.
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