Ni el coronavirus frenó la ayuda a los hermanos wichis

Luis “Gordo” Pulo y José Ordóñez, entrevistaron a la titular de la cartera de Desarrollo Social, quien remarcó que “en el norte no se dejó de trabajar ni se dejará de trabajar nunca,  cada vez hay más personas en territorio trabajando con todos los cuidados por supuesto que deben ser”.

“En el área de salud se está trabajando muchísimo, se está trabajando con organizaciones sociales, como la Cruz Roja que está instaladísima en Santa Victoria, el Ejército que sigue llevando agua; no podemos dejar de hacer esas tareas, vamos a continuar, y yo creo que vamos a continuar los tres años y medio más que sigan de este gestión”, señaló Figueroa.

En esta línea, expresó que “no creo que haya otra forma de mejorar la situación que encontramos en el norte, que no fuera con este trabajo sistemático, sostenido y permanente el territorio. Es necesario y tienen que saber qué todos están trabajando con protocolos con mucho cuidado. La logística es impresionante, los equipos que salen vuelven y hacen la cuarentena y salen otros y así, ya que a la cuarentena la hacen preventivamente, no porque tuvieran COVID-19, si no que es una responsabilidad enorme para nosotros para no poner en riesgo a las personas por esta situación de la pandemia. La logística es muy compleja”, indicó la funcionaria. 

A su vez, comentó que “el trabajo que se está realizando actualmente en territorio ya es una planificación. Nosotros tenemos un master plan, para ponerle algún nombre. También lo van a poder ver de forma ordenada a raíz de una creación de una página ejecutora que se acaba de firmar va a tener un comisionado. En estos días están trabajando en conjunto los nueve ministerios todos abocados a dar respuestas y cumplir con la sentencia  de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que ha dispuesto hacer específica a dar cumplimiento con este juicio de tantos años que estuvo encajonada que representa 132 comunidades de la zona de Rivadavia en un litigio con el gobierno nacional y provincial en relación a la titularidad de las tierras y a todas y a todas la restitución de los derechos que ellos reclaman. En este sentido esta unidad ejecutora tiene que dar cumplimiento lo que el fallo dispuso”. 

Figueroa puntualizó que “las acciones que se especifican en el fallo tiene que ver con: resolver las problemáticas que existen en el norte, en relación a la provisión de agua, en relación a la capacidad de autonomía de las comunidades, en relación con cuestiones alimentarias y también restitución derecho de saberes ancestrales, de territorio saneado, de controlar la tala  de madera, de mejorar los caminos de acceso a la salud y a la educación. Si bien esto está restringido, este fallo se aplica solamente 5514, puede decirse que esas mismas problemáticas son las que tienen la mayoría de las comunidades de la zona de emergencia: Departamento de San Martín, Orán y Rivadavia. Por lo tanto las mismas acciones que se están haciendo en este momento en toda la zona de emergencia, son también las que van a dar cumplimiento con esto que ha dispuesto el fallo, que tiene que ver en dar autonomía a la posibilidad de contar con agua segura para alimentar el ganado, para proveer cultivos, además tienen que tener un cupo de agua potable de estos pozos, de las cosechas de agua, son muchas las estrategias que se están poniendo en este momento en funcionamiento desde el primer momento”. 

Además, la funcionaria informó que “se está trabajando con un programa específico desde este ministerio que se llama UNIR, es un programa que se firmó hace muy poco tiempo con Desarrollo Social de la Nación, por el cual vamos a trabajar de manera conjunta contando con 150 personas en territorios nativos: criollos-indígenas-originarios que van a estar formando y capacitando para esta autonomía que estamos hablando. No podemos seguir asistiendo, la solución que puede llegar a mejorar la calidad de vida de las comunidades indígenas tiene que ver con un trabajo de acompañamiento en el desarrollo de esta comunidad, pero trabajando con ellos de manera totalmente integrada, si no lo hacemos así no funciona”, aseveró Figueroa.

Por último, agregó que “el sistema de APS en la zona de emergencia hay 65 mil familias que están registradas por el sistema, esa es la población crítica con la que nosotros trabajamos. A su vez, es necesario reconocer que las comunidades originarias tienen sus etnias que se difieren unas de otras, nosotros trabajamos con cada comunidad según su particularidad, teniendo en cuenta la diferencia de lenguaje y muchos años de avasallamiento, con muchos años de no respeto, también hay que trabajar sobre la confianza, ese es el mayor desafió”, finalizó Figueroa.