Guadalupe Montero
La fiscal penal interina de la Unidad de Delitos Económicos Complejos (UDEC), Ana Inés Salinas Odorisio, requirió al Juzgado de Garantías 8, la elevación a juicio de la causa contra un hombre imputado por el delito de estafas reiteradas (dos hechos), en concurso real.
La intervención de la UDEC se inició a partir de la denuncia presentada por una mujer contra el imputado, al que dijo haber conocido en 2022, cuando él abordó el vehículo que ella conducía como chofer de remis. Según relató, el hombre le manifestó que trabajaba en el Instituto Provincial de Vivienda (IPV) y se habría ofrecido a ayudarla a inscribirse para acceder a una vivienda.
La denunciante señaló que le entregó documentación y dinero en efectivo y que, incluso, el hombre la llevó hasta el barrio Pereyra Rosas —donde aún se construían viviendas— y le dijo que una de esas casas sería para ella. Luego, la contactó nuevamente y le comentó que varias personas se habían dado de baja del programa, por lo que le preguntó si conocía a alguien interesado. Ella le presentó entonces a su hermano y prima.
Tras la investigación, la fiscal Salinas Odorisio consideró acreditado que el denunciado, mediante maniobras engañosas e invocando pertenecer al IPV, ofreció a la damnificada la confección de una carpeta para acceder a una vivienda social, a cambio de $70.000. La mujer, confiando en sus dichos, le entregó esa suma, creyendo que así accedería a una vivienda propia. Posteriormente, entregó otra suma de $60.000 en nombre de su hermano, por una vivienda adicional.
El acusado también la convenció de entregarle otros montos de dinero para distintos fines: $20.000 para pintura y construcción de medianeras, y $100.000 para la supuesta compra de cubiertas de autos. En el caso de la prima, utilizó una modalidad similar, obteniendo de ella $60.000.
De este modo, el imputado logró hacerse de diversas sumas de dinero en beneficio propio, perjudicando el patrimonio de las víctimas.
