Guadalupe MonteroLa fiscal penal Claudia Geria representó al Ministerio Público Fiscal en la audiencia de juicio seguida contra el exintendente de San Lorenzo, Ernesto Fernando Gonza, imputado como presunto autor de los delitos de peculado, incumplimiento de los deberes de funcionario público y negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública, todo en concurso real.
En el mismo proceso también son juzgados el contador Rogelio Guaymás, imputado por los delitos de peculado e incumplimiento de los deberes de funcionario público, en concurso real, y Aldo Dalmiro Gonza, acusado del delito de peculado en calidad de partícipe necesario.
Durante la semana pasada se dio a conocer que la pericia contable fue concluida y agregada a la causa, quedando pendiente la declaración de la profesional del Cuerpo de Investigaciones Fiscales que la realizó.
Durante la audiencia, declaró el actual intendente de San Lorenzo, José Manuel Saravia Arias, quien brindó precisiones sobre la denuncia que presentó en 2020 tras asumir al frente del municipio. El funcionario relató que al iniciar su gestión no pudo concretarse una transición administrativa con las autoridades salientes, por lo que el día de su asunción debió concurrir al edificio municipal acompañado por escribanos para dejar constancia del estado en que se recibía la comuna.
En ese marco, señaló que se detectaron serias irregularidades administrativas, entre ellas dificultades para acceder a oficinas, eliminación de registros informáticos y faltante de documentación vinculada a la gestión anterior. Indicó que ante ese panorama se dispuso una auditoría interna, cuyo informe final advirtió diversas inconsistencias en el manejo de fondos municipales.
Según explicó, entre los aspectos observados se encontraron cheques emitidos sin respaldo de procedimientos administrativos, pagos sin procesos de contratación y un sistema informal de entrega de dinero mediante “vales” a funcionarios, situaciones que —según afirmó— generaron complicaciones financieras al inicio de su gestión. También mencionó otras irregularidades detectadas en relación con bienes municipales y contrataciones, lo que motivó la presentación de la denuncia para que se investigara el manejo de los recursos públicos durante la administración anterior.
Juan Pablo Dávalos, expresidente del Concejo Deliberante de San Lorenzo y denunciante en la causa, declaró que durante 2019 el cuerpo deliberativo no recibió fondos del Ejecutivo municipal para afrontar sus gastos de funcionamiento ni para el pago de las dietas de los concejales.
En su testimonio señaló además que desde el Concejo se realizaron numerosos pedidos de informes al Ejecutivo, en el marco de las facultades de control que ejerce el órgano legislativo. Sin embargo, sostuvo que la mayoría de esos requerimientos no obtuvo respuesta, lo que —según indicó— impidió al Concejo Deliberante cumplir plenamente con su función de contralor sobre la administración municipal.
El juicio se lleva a cabo con tribunal colegiado integrado por los jueces Federico Diez (presidente), Paola Marocco y Francisco Mascarello.
