A fines de julio, tras una investigación periodística se supo que más de 50 funcionarios públicos salteños; entre concejales, legisladores e intendentes; habrían gestionado y al menos 20 habrían cobrado el Ingreso Familiar de Emergencia.
A raíz de ello, la entonces fiscal de delitos económicos Verónica Simesen actuó de oficio ante este hecho, pero finalmente la investigación quedó a cargo del Fiscal Federal Ricardo Toranzos, quien esta tarde a las 16 horas imputará a 18 concejales y un funcionario del ministerio de Salud de Nación que reside en Salta.
Por otro lado, el fiscal Toranzos adelantó que gracias al sistema acusatorio, hoy vigente en dos provincias argentinas, Salta y Jujuy, en 40 días podría haber sentencia; la cual puede ser de entre 2 a 6 años de prisión e inhabilitación para ocupar cargos públicos.
Serán imputados por incumplimiento de deberes de funcionario público y defraudación de la administración pública en concurso ideal.
