Guadalupe MonteroLa investigación comenzó a partir de una denuncia anónima realizada mediante la línea 145. Con intervención de la Procuraduría de Trata de Personas (PROTEX), personal de ARCA inspeccionó el predio y detectó habitaciones con piso de tierra, camas construidas con pallets y letrinas sin agua.
Según la acusación, los trabajadores realizaban tareas vinculadas con la producción porcina y la cosecha de tabaco y aceitunas. Además, la Fiscalía señaló que cobraban salarios inferiores a los $500 mil, sin horas extras, domingos ni feriados. También habría trabajadores que no recibían aguinaldo ni vacaciones.
El juez federal de Garantías N.º 2 de Salta, Diego Anzorreguy, hizo lugar a la imputación y otorgó seis meses para avanzar con la investigación. También prohibió al acusado salir del país y estableció restricciones de contacto con determinados trabajadores.
