Tras el endurecimiento de la cuarentena que dispuso el Gobierno nacional en la primera quincena de julio, alertado por el aumento en el ritmo de contagios de coronavirus, la actividad económica frenó el ritmo de repunte que registraba tras el golpazo de abril. Las nuevas restricciones tuvieron además un impacto adicional en el mercado de trabajo: prácticamente una de cada cinco empresas aplicaron suspensiones a su personal, ante la prohibición de realizar despidos.
De acuerdo a cifras oficiales publicadas recientemente por el Ministerio de Trabajo, en julio el 8,4% del empleo registrado del sector privado se encontraba suspendido. Al mismo tiempo, ascendió al 19% la proporción de firmas que tuvieron que aplicar suspensiones. En ambos casos se trata de valores históricos.
Para tomar dimensión, antes de la pandemia, la cifra más alta de compañías que cesantearon de manera temporal a parte de su dotación de empleados fue en septiembre del año pasado, con 8,4% del total. Ahora la proporción es más del doble.
Y la comparación es más notable incluso al tomar en consideración la cantidad de empleados suspendidos por cada 100. En julio fueron 8,4 por cada 100, mientras el récord anterior registrado antes del COVID-19 -los registros oficiales comienzan en 2006- había sido de 1,4 por cada 100.
El salto en la cantidad de trabajadores bajo suspensión es una consecuencia directa del acuerdo firmado entre gremios y cámaras empresarias para favorecer esta salida en el contexto de la crisis y, por otro lado, del decreto de necesidad y urgencia que prohibió los despidos sin causa desde abril y que fue prorrogado hasta el último día de septiembre.
