La iniciativa del senador José Ibarra (Guachipas-Salta tiene Futuro) tuvo dictamen previo de la comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología.
El texto sancionado expresa: “Prohíbase a los establecimientos educativos públicos de gestión privada que integran el Sistema Educativo Provincial, retener, impedir la entrega, demorar, obstaculizar o realizar cualquier acto, sea por acción u omisión, que por su naturaleza implique una indebida o injustificada puesta a disposición en forma inmediata cuando sea solicitada, de boletines de calificaciones, certificados de estudios, pases a otros establecimientos, certificados de regularidad y toda otra documentación oficial de aquellos estudiantes que registren morosidad en el pago de aranceles o cuotas.
Consigna que en ningún caso, la falta de pago de aranceles o cuotas, o la mora en el pago de los mismos, privará al estudiante de su asistencia regular a todas las clases, experiencias y actividades pedagógicas e institucionales en general. También los establecimientos educativos deberán abstenerse de hacer pública la deuda en concepto de aranceles o cuotas de sus estudiantes. La Autoridad de Aplicación, el Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología podrá aplicar sanciones como apercibimiento, multa de hasta diez veces el arancel por estudiante, suspensión de matrícula, caducidad del reconocimiento institucional.
Adhesión a Resolución
La Cámara de Senadores también otorgó media sanción a la ley por la cual la Provincia adhiere a la Resolución Nº 114, del Ministerio de Relaciones Internacionales y Culto de la Nación, mediante la cual se dispuso la definición de antisemitismo. La iniciativa fue impulsada por el senador Carlos Sanz (Cerrillos-Salta tiene Futuro). Las manifestaciones físicas y retóricas del antisemitismo se dirigen a las personas judías o no judías y/o a sus bienes, a las instituciones de las comunidades judías y sus lugares de culto.
