Ex intendentes salteños bajo la lupa de la justicia

Al menos cuatro ex intendente de Salta están siendo investigados por la Justicia por peculado y otros delitos vinculados a desmanejos financieros en las comunas que tuvieron a su cargo, algunos por varios mandato.

Ayer, por caso, se conoció el pedido de elevación a juicio de la causa que se tramita contra el exintendente de San Lorenzo, Jorge Gonza, por los delitos de peculado, incumplimiento de los deberes de funcionario público (cinco hechos) y negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función, todo en concurso real y en carácter de autor.

El pedido incluye al exsecretario de Hacienda, Rogelio Higinio Guaymás, por los delitos de peculado e incumplimiento de los deberes de funcionario público (dos hechos), todo en concurso real y al exconcejal Aldo Dalmiro Gonza, por el delito de peculado en calidad de partícipe primario.

En el requerimiento -hecho en virtud de contar con elementos de convicción suficientes para el ejercicio de la acción penal-, la fiscal Verónica Simesen de Bielke pidió que se tenga por ofrecida la prueba, sin perjuicio de ampliarla en la etapa procesal oportuna y sumó las denuncias hechas por el intendente actual, José Manuel Saravia Arias; por el expresidente del Concejo, Juan Pablo Dávalos y el presidente de la Auditoría General de la Provincia, Gustavo Ferraris; distintas declaraciones testimoniales e informes técnicos, entre otros numerosos elementos.

En junio pasado la fiscal imputó al exintendente Ernesto Gonza porque incumplió en forma reiterada las normativas que regulan el sistema financiero y de gestión, en orden al manejo de una administración pública municipal y dispuso en forma discrecional de los recursos municipales, lo que produjo un grave perjuicio al erario municipal. El incumplimiento facilitó la discrecionalidad, a lo que se sumó la falta de rendición de cuentas al finalizar mandato.

Por su parte, Rogelio Higinio Guaymás también incumplió en forma reiterada las normativas que regulan el sistema financiero y de gestión en orden al manejo de una administración pública municipal y dispuso en forma discrecional de los recursos municipales sin observar tales normas, lo que produjo un grave perjuicio al erario municipal. Ello facilitó la discrecionalidad del manejo de los fondos públicos al percibir durante los períodos 2017-2019, la suma de $ 3.701.724.

Insisten con la captura de Cornejo

Por otra parte, el abogado Rodrigo Palazzo, asesor legal de la Municipalidad de Campo Quijano, informó que insistirá ante la Justicia con el pedido de detención contra el exintendente de esa localidad, Manuel Cornejo, instancia judicial que fue rechazada la semana pasada por el juzgado de garantías 6 a cargo de la doctora Sandra Espeche. La querella, a cargo del letrado, considera que el aludido exfuncionario, en complicidad con su tesorera Carmen Méndez, y otros, facilitaron las irregularidades denunciadas como peculado.

Palazzo dijo que "el denunciado Cornejo podría entorpecer el proceso judicial aunque se le hayan puesto medidas sustitutivas a la detención oportunamente solicitada".

"Creemos que se pone en peligro el normal desenvolvimiento de la investigación. Ante ello estamos pidiendo que se revea la medida. La causa de Cornejo debería elevarse a juicio. Es otra instancia que la habíamos solicitado. Debe haber celeridad en esta causa. Confiamos en la Justicia y nuestro anhelo de saber la verdad nos lleva a insistir con este proceso que no debe zozobrar como otras causas de exintendentes".

La jueza Sandra Espeche resolvió el viernes no hacer lugar a la detención de Cornejo y Méndez "por carecer de legajo fiscal al momento de la presentación" de la Unidad de Delitos Económicos Complejos.

 Sergio Ramos, sin juicio

Desde junio pasado el juzgado de Garantías 2 no se expide por el requerimiento de elevación a juicio de la causa que tiene como imputado al exintendente de Rosario de Lerma, Sergio Ramos, por peculado.

La conducta atribuida al imputado fue el desvío de fondos públicos que fueron transferidos por la Provincia al Municipio, en virtud de una gestión realizada ante la Secretaría de Economía Social del Ministerio de Trabajo, para construcción de casas prefabricadas.

Ramos el 24 de abril de 2013 consiguió un monto de $341.715. La fiscalía estableció que la obra “no fue llevada adelante. También se determinó que con el dinero solo se compraron tejuelas por un monto de $30.000, por lo que se desconoce el destino final de los otros $311.715”.

Ramos fue denunciado varias veces. En 1998, 2000 y 2001 se lo denunció por defraudación al Estado. En 2017, una corte Ad Hoc sentenció que había vencido el plazo razonable de juicio. Pero llegó un recurso extraordinario del exfiscal Alejandro Saravia que obligó a rever la medida.

 El exintendente de Pichanal también está complicado con la Justicia

El exintendente de Pichanal Julio Jalit está cada vez más comprometido en la Justicia. Hace un par de meses la Fiscalía penal le amplió las imputaciones que pesaban sobre él, tras las investigaciones llevadas a cabo por El Tribuno sobre su gestión de 16 años al frente de uno de los municipios más pobres de la Argentina y donde acumuló una fortuna estimada en más de $500 millones.

Jalit se encontraba imputado desde 2019 y en las últimos meses la Justicia le sumó los delitos de estafa por fraude a la administración pública; negociaciones incompatibles; peculado de servicios, todos hechos de forma reiterada; enriquecimiento ilícito reiterado; utilización de residuos peligrosos; omisión maliciosa y falseamiento de declaraciones juradas patrimoniales y fraude a la administración pública por administración infiel, todo en concurso real.

Además, la fiscal penal Mónica Araceli Viazzi citó a otras ocho personas que serán imputadas por distintos delitos. Según la fiscalía, todas estas personas, y de acuerdo a los vínculos que van quedando al descubierto, habrían participado en las maniobras fraudulentas que encabezó Jalit.

Botones de muestra

Entre otros hechos y de la investigación para la ampliación de las imputaciones surgió que el exjefe comunal emitió casi 1.400 cheques irregulares, que sumarían más de $23.000.000 aproximadamente, a valores históricos.

El dato se suma a lo dicho en el primer decreto de imputación en el que se señaló que Jalit “tuvo un incremento significativo de bienes desde el inicio de su gestión hasta su cese, de los ingresos derivados de la inyección de fondos de origen espurio e ilegal”.