Tras el arresto del exintendente Prado allanaron domicilios

El exintendente de Aguaray Jorge Enrique Prado, acusado por el millonario robo de caños del gasoducto NEA, pasó su segunda noche detenido en la sede de Gendarmería, luego de la orden librada por el juez federal Gustavo Montoya en la causa donde se lo imputa por robo agravado, fraude a la administración pública y falsificación de instrumento privado.

Prado fue trasladado en la noche del martes, luego de que efectivos de Gendarmería procedieran a su detención en un domicilio de barrio Tres Cerritos de esta ciudad.

Ayer, mientras avanzaban las medidas procesales en torno a la investigación, El Tribuno pudo confirmar al menos dos allanamientos en la localidad de Aguaray. El primero se concretó en la casa de los padres del exintendente Jorge Prado y otro en la vivienda del exsecretario de Hacienda Fredy Céspedes, quien también está imputado en la causa, al igual que el titular de la empresa mendocina OSYP SA, Diego Alos.

Siguiendo las instrucciones de la Justicia federal, los efectivos llegaron con la orden de allanamiento en los dos domicilios casi en forma simultánea y procedieron al secuestro de computadoras y abundante documentación.

La Justicia federal considera que hay posibilidad real de que Prado reciba una condena de prisión efectiva.
Fuentes consultadas por este medio señalaron que para las próximas horas la Justicia "tiene pendientes otras importantes medidas" y que no se descartan incluso nuevas detenciones.

"Concretamente la preocupación central de los investigadores es que hay un montón de testigos que empezaron a desfilar ante la Justicia federal. Se trata de testigos directos que observaron el saqueo de los caños del gasoducto y que estarían siendo amedrentados. Es por eso que se procedió a la detención de Prado y no se descartan nuevas medidas de ese tipo", indicaron las fuentes a El Tribuno.

La fiscalía local busca saber, entre otras cosas, el movimiento y destino de partidas específicas trimestrales.
La Justicia federal investiga el millonario saqueo de unos 35 kilómetros de caños de alta presión, pertenecientes al inconcluso gasoducto del NEA. El robo, valuado en unos 15 millones de dólares, fue perpetrado por Adrián Vera, detenido en la prisión de Marcos Paz, quien en los últimos días se acogió a la figura de "imputado colaborador".

El lunes deberá declarar ante Cazón

Paralelamente a las medidas adoptadas por el juez Montoya, y tal como lo había anticipado El Tribuno en su edición de ayer, el fiscal penal Armando Cazón ampliará la imputación contra Prado en la causa que se le sigue en el fuero local y en la cual se lo acusa, además, por malversación de fondos públicos e incumplimiento de los deberes de funcionario.

Cazón fijó la audiencia de ampliación de declaración como imputado para el próximo lunes 23, a partir de las 10 de la mañana. Para concretarla, solicitará el traslado del exjefe comunal de Aguaray al Juzgado Federal de Orán, que entiende en la causa del robo de caños.

Se supo que Cazón le ampliará la imputación a Prado a partir de unos 15 puntos en los cuales el fiscal pretende conocer el destino de $24 millones que recibió al inicio de su gestión, el gasto de $7 millones en combustibles y el movimiento de partidas específicas a partir de tres informes presentados al Concejo Deliberante.