La situación judicial de Jorge Prado sigue en caída libre

En una nueva audiencia realizada en el marco de la investigación por el robo de caños del Gasoducto GNEA, en la que se debatió sobre la prisión preventiva del ex intendente de Aguaray Jorge Prado, el juez federal de Garantías de Orán, Gustavo Montoya, dispuso extender su detención hasta el 18 de diciembre.

En la audiencia, celebrada ayer al mediodía mediante vía remota, se impusieron los argumentos del fiscal general, Eduardo José Villalba, respecto al riesgo procesal que representa, en esta etapa de la investigación, que Prado se encuentre en libertad. Villalba, asistido por la auxiliar fiscal Roxana Gual, pidió la extensión de la prisión preventiva, mientras que la defensa del ex intendente, a cargo del abogado Fernando Teseyra, buscaba que se revoque tal medida, se otorgue la libertad de su cliente, o bien se disponga, de manera subsidiaria, su arresto domiciliario.

Al fundamentar los planteos, la fiscalía presentó los dichos de testigos que reconocieron haber recibido llamados de Prado para que no se presenten a declarar ante el Concejo Deliberante, cuando se debatía su continuidad en el cargo. Indicó nuevos detalles aportados por un “imputado colaborador” y resaltó que el escenario de grave riesgo procesal ya había sido previsto cuando se solicitó la prisión preventiva, confirmada por la Sala II de la Cámara Federal de Apelaciones de Salta la semana pasada.

La defensa, en tanto, minimizó las declaraciones de los testigos respecto a la influencia negativa de su cliente, lo que fue adjudicado a cuestiones de rivalidad política, e insistió en una prisión domiciliaria, incluso propuso que sea vedado de acceder a medios tecnológicos. El mismo Prado, desde su lugar de encierro en el Complejo Penitenciario Federal NOA III, en General Güemes, prestó declaración y aseguró que no será “un impedimento” para la justicia, a la vez que aseguró “no voy a volver a ser político”.

Tras analizar los argumentos de las partes, el juez Montoya resolvió extender la prisión preventiva y no morigerar la medida de coerción.

En otro tramo de la audiencia, Villalba agregó que aún resta avanzar con otras 20 testimoniales, tanto a empleados del Concejo Deliberante como de la Municipalidad de Aguaray. “La investigación se encuentra en su estado más febril, por lo que día a día surgen medidas a llevar adelante, entre ellas el análisis de documentación que fue secuestrada, la cual puede abrir nuevas puertas a investigar”, sostuvo.