En lo que fue el asentamiento del predio de la ampliación de Parque La Vega quedó un paisaje devastador de escombros desperdigados y unas cuantas estructuras de plásticos abandonadas. Como adelantó El Tribuno, las 346 familias que aún permanecían instaladas en el lugar cumplieron con el compromiso que habían asumido ante el Gobierno de levantar la ocupación a más tardar ayer.
Efectivos de la Policía estuvieron en el lugar para controlar que se cumpla con el desalojo voluntario de la usurpación que se mantuvo por casi ocho meses y puso a la vista de todos la cara más dramática de la crisis habitacional de la provincia: la miseria y desesperación de no tener un lugar donde vivir.
El asentamiento pasó por diferentes etapas desde que se conformó el 20 de mayo hasta el final de ayer. Hubo una utilización mezquina de agrupaciones políticas que se montaron sobre la desesperación de las familias ocupantes y después desaparecieron; hartazgo de vecinos de la zona sur, indignados por todo lo que conlleva el copamiento ilegal de un espacio verde; desentendimiento inicial de las autoridades, un plan de loteos del que hay muy poca información oficial, denuncias de graves delitos dentro del asentamiento y la intervención a medias de la Justicia. A todo eso se sumaron las lluvias de las últimas semanas que estuvieron entre los principales desencadenantes de que se haya liberado el terreno de Parque La Vega.
Funcionarios de la Secretaría de Tierras y Bienes del Estado y mediadores de la Secretaría de Justicia negociaron durante casi un mes con los delegados de los asentados para llegar al acuerdo que permitió ponerle fin a la ocupación.
El jueves pasado se firmó un acuerdo general entre los negociadores para la desocupación del terreno y el viernes se comenzó con los convenios individuales, que algunas familias no firmaron porque no estaban en el predio. La desocupación, paulatina, comenzó el mismo día del primer arreglo y ayer a la mañana se fueron las personas que restaban.
Desde el Gobierno provincial elaboraron una respuesta para cada caso particular de los asentados. Por ejemplo, a quienes antes de ir a la ocupación vivían en casas de parientes se les facilitarán materiales para una ampliación, a otros se le brindará ayuda alimentaria o asesoramiento jurídico para situaciones puntuales.
También existe el compromiso de que no tendrán el antecedente de usurpación y podrán participar en los eventuales sorteos de lotes fiscales o viviendas sociales.
