
España aplica un cambio en las residencias para extranjeros: de qué se trata
La normativa permitía vivir en territorio español a quienes invirtieran en inmuebles.
Donald Trump cumplió su amenaza a Twitter y firmó ayer una orden ejecutiva con el objetivo de retirar a las redes sociales las protecciones contra reclamaciones legales por el contenido que aparece en sus plataformas.
Mundo29 de mayo de 2020Trump firmó un decreto destinado a evaluar si su Gobierno puede castigar a Twitter, Facebook, YouTube o Google si intentan moderar los contenidos publicados en sus plataformas, en medio de un creciente debate sobre hasta qué punto debe llegar la libertad de expresión en Internet.
Sin embargo, la orden por sí misma no tiene un impacto inmediato ni de gran calado, y parece más un guiño a su base de votantes en el contexto de su pelea con Twitter, que este martes enlazó por primera vez un tuit de Trump con información verificada que contradecía lo que el presidente había publicado.
“Decisiones editoriales”
“(Twitter está tomando) decisiones editoriales. En ese momento, Twitter deja de ser una plataforma pública neutral, y se convierte en un editor con un punto de vista. Y creo que podemos decir lo mismo de otros, ya se trate de Google o de Facebook y quizás de otros”, dijo Trump.
El decreto pide al Gobierno estadounidense revisar y posiblemente eliminar las protecciones legales de las que disfrutan las grandes plataformas de Internet bajo la sección 230 de la Ley de Decencia en las Comunicaciones de 1996.
Esa sección indica que las grandes compañías de Internet están exentas de casi cualquier consecuencia legal resultante de los contenidos publicados en su plataforma e incluso de sus propias decisiones de eliminar contenidos, porque se supone que son meros intermediarios o canales.
Trump consideró que Twitter y otras plataformas han demostrado tener un “poder sin control para censurar, restringir o editar” los contenidos que publican, por lo que dio 60 días al Departamento de Comercio para que proponga a la independiente Comisión Federal de Comunicaciones (FCC) que se reformen las normas al respecto.
Sin rumbo claro
Sin embargo, numerosos legisladores y expertos legales advirtieron que la medida no sobreviviría a una demanda judicial, y una de los dos miembros demócratas de la FCC, Jessica Rosenworcel, dijo en un comunicado que convertir a su agencia “en la policía del presidente (para proteger) su discurso no es la respuesta”.
Trump reconoció que su decreto podría acabar en los tribunales, y dijo que planea trabajar en el Congreso para aprobar “legislación” que permita sacar adelante esa reforma si no consigue hacerlo por la vía ejecutiva.
El mandatario lleva casi dos años acusando a Google de “suprimir voces de conservadores y esconder información” y también ha arremetido contra Twitter, pero al mismo tiempo ha convertido a esa red social en una herramienta de Gobierno crucial y ha insistido en que le permite comunicarse sin el filtro de los medios.
Este jueves, Trump aseguró que le “encantaría” deshacerse de su cuenta de Twitter, pero siente la necesidad de mantenerla porque no hay una “prensa justa” en su país.
El fundador de Facebook, Mark Zuckerberg, expresó este jueves su desacuerdo con la decisión de Twitter de verificar un tuit de Trump, al opinar en una entrevista con Fox News que las redes sociales “no deberían ser el árbitro de todo lo que dice la gente en Internet”.
El decreto de Trump también pide que todas las agencias de su Gobierno revisen su gasto en publicidad y márketing en las plataformas digitales, para asegurar que no benefician a “ninguna red social que suprima la libertad de expresión”, en palabras del presidente
La normativa permitía vivir en territorio español a quienes invirtieran en inmuebles.
Según indicó ABC News y el portal Político, el magnate volverá a tomar las riendas de sus empresas y tendrá menor influencia en la administración.
Además, fue sentenciada a cuatro años de prisión, aunque no irá a la cárcel. Deberá usar pulsera electrónica en su domicilio durante 24 meses.
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Está acusado de intento de golpe de Estado, entre otras imputaciones.
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También se sumarán a la medida de fuerza de la central obrera los gremios aeronáuticos APLA, APA y UPSA.
La normativa permitía vivir en territorio español a quienes invirtieran en inmuebles.
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