Según el documento, se detectó que el personal de la UDAI Salta atendía apoderados de titulares de derecho sin el correspondiente poder o la autorización para ello. Esta metodología incurre en una violación a los procedimientos internos de asistencia sobre tramitación y acceso a las prestaciones.
También se halló una gran cantidad de documentos de identidad (DNIs) originales y partidas de nacimiento, obrantes en la sede de la UDAI Salta, sin que hubiese motivo ni razón de su existencia en la dependencia.
Corroboraron que se otorgaban turnos excepcionales sin justificación para esos otorgamientos, que un agente del organismo realizaba prácticas preferenciales con algunos estudios jurídicos que se encuentran cercanos a la dependencia administrativa. Además, se identificaron agentes de la ANSES que desalentaban la realización de trámites de carácter personal, es decir sin intermediarios, para favorecer a estos estudios.
Se identificó a un agente de la UDAI Salta que, en lugar de atender a los titulares de derecho que concurrían a las oficinas administrativas, los derivaba a esos estudios jurídicos cercanos a la UDAI para obtener turnos y acceder a la resolución de los trámites.
Sin revelar ningún nombre, la comisión interventora detalló que 20 agentes fueron desafectados, suspendidos, sumariados o reubicados para que no se entorpezcan las investigaciones.
Además, se presentó una denuncia penal ante la Justicia Federal de Salta por la presunta comisión de los delitos de abuso de autoridad, incumplimiento de deberes de los funcionarios públicos, negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas, defraudación en perjuicio de la Administración Pública y tenencia ilegitima de documento nacional de identidad.
En la denuncia se informó a la Fiscalía que en un local comercial cercano a la oficina de la ANSES se llevaría a cabo una venta de turnos de atención para las dependencias de la UDAI Salta. La gestión para la obtención de turnos se efectuaba a través de una casilla de correo electrónico administrada por un tercero ajeno a los titulares.
De acuerdo con el relevamiento efectuado, se detectó una cuenta que fue utilizada para 3850 solicitudes de turnos, correspondientes a más de 3000 titulares. Cabe señalar, que se detectaron trámites diligenciados desde esa misma cuenta de correo desde 2017 y que continuaron en los años siguientes.
Además de las irregularidades que valieron denuncia penal, encontraron anomalías propias de la falta de gestión. Por ejemplo, se detectó que se atendía a muy pocas personas y que más de la mitad de las quejas por falta de atención correspondían a las oficinas de capital.
La intervención, por último, detalló que lograron llevar los 8 turnos diarios de la gestión de Marcos Vera y Susana Aramayo a casi 200, que se obtuvieron un camión para trasladar las oficinas a los barrios, que se logró normalizar más de 2000 expedientes que habían sido “cajoneados”, entre otras cosas.
