Suspendieron el juicio por la muerte de los 43 gendarmes

Se verificó la existencia de dichas irregularidades por parte de los demandantes, por lo que el juicio deberá esperar un tiempo hasta que se subsanen estos trámites formales.

La anomalía expuesta ayer por las defensas de tres acusados fue verificada y llevó al presidente del Tribunal Oral Federal N°2, Domingo Batule, junto a los vocales Abel Fleming y Mario Marcelo Juárez Almaraz a dictar una dura resolución, en la cual no sólo se reconocieron las falencias del expediente, sino también se resaltó la falta de “diligencia” y “desidia” de las querellas y los actores civiles, al igual que acciones “dilatorias” y de “obstaculización” de las defensas.

El juicio contra el suboficial mayor Ricardo Ernesto Villasanti, encargado de la División Motorizada; el comandante Juan Carlos Germán, responsable de Logística; el comandante principal Juan Carlos Bordón, jefe de Personal; el comandante mayor Elio Rafael Méndez, jefe del Destacamento; y el comandante principal Ramón Antonio Maidana, segundo en el mando, había iniciado el lunes 1 de noviembre.

Los cinco imputados iban a ser juzgados por la muerte de 43 gendarmes en un siniestro vial ocurrido el 14 de noviembre de 2015, en la ruta 34, a la altura del kilómetro 956, sobre el puente del arroyo Balboa.

En dicho lugar, un colectivo Mercedes Benz, que era conducido por sargento primero Orlando Díaz, con el cabo primero Oscar Manrique de acompañante, sufrió el reventón de un neumático y cayó al fondo del arroyo. Los gendarmes habían salido de Santiago del Estero y se dirigían a Jujuy para sofocar conflictos sociales desatados en esa provincia.

La investigación del caso, tras la declaración de incompetencia de la justicia provincial, fue llevada adelante por el fiscal federal N°1 Ricardo Toranzos con intervención del juez Federal 1 de Salta Julio Bavio, quien dictó el procesamiento y requerimiento de juicio de los acusados a fines de 2016.

Tras una serie de planteos, tanto de las defensas como de distintas querellas y actores civiles que se presentaron por las familias de las víctimas, la Cámara Federal de Apelaciones de Salta confirmó el auto de elevación a juicio el 21 de septiembre de 2017.

La acusación, ahora dirigida por el fiscal general Carlos Martín Amad del Área de Transición de la Unidad Fiscal Salta, estableció que hubo graves irregularidades en torno al mantenimiento del colectivo, las que habían sido informadas.

Hubo culpas repartidas tras la drástica decisión del tribunal

Pese al extenso tiempo que demandó el proceso penal, casi seis años, ayer las defensas acertaron en señalarle al tribunal la grave falencia. Así lo hicieron los abogados Marcelo Arancibia, Pablo del Pino y Martín Tilli, defensores de Germán, Villasanti y Bordón, quienes formalizaron el planteo de nulidad que derivó en la decisión final de suspender el debate.

Al expedirse sobre el planteo, Batule, de manera didáctica, explicó las normas procesales que preceden la apertura del debate, entre las cuales se indica de manera específica que las demandas de orden civiles deben ser trasladadas a los acusados, lo cual no sucedió, con el agravante de que las pretensiones son numerosas dada la cantidad de víctimas.

Fleming fue más enérgico y lamentó la situación, ya que aseguró que el tribunal no tiene mora en su tarea y dejó en claro que deseaban realizar el juicio, sin embargo, las falencias advertidas impiden seguir adelante, ya que, de hacerlo, el perjuicio sería aún mayor, pues cuando se llegue a una sentencia, la misma indefectiblemente deberá ser anulada por esta irregularidad.

Además de llamar la atención a los querellantes y representantes civiles, ya que no cumplieron con este trámite y dejaron a los acusados sin la posibilidad de contestar sus pretensiones, con lo cual se afecta el derecho de defensa, el juez también apuntó sus críticas a las defensas por ciertas acciones dilatorias y tendientes a obstaculizar el debate.

Culminada la audiencia, los querellantes se reunieron con varios familiares y deslindaron responsabilidad, adjudicándole la culpa al juez instructor, en algunos casos.

Arancibia, señaló que más allá de la crítica de los jueces, indicó que la falencia saltaba a la vista y lo planteado como defensor era algo que “el tribunal sabía que iba a suceder de un momento a otro, pues ellos conocen muy bien el expediente”.

Aclaró que este caso se lleva adelante con el viejo sistema mixto, en el cual el tribunal es responsable del trámite de la causa, tanto en el orden penal como civil.