Millonario robo de caños: Piden 8 años de cárcel para Jorge Prado

Tal como estaba previsto, pasadas las 16, el juez Abel Fleming junto a los vocales Gabriela Catalano y Domingo Batule, se hicieron presentes en el recinto para reanudar el juicio, en este caso para escuchar a las partes respecto al pedido de penas.

El primero en tomar la palabra fue el fiscal general Eduardo Villalba, quien llevó adelante la acusación penal prácticamente desde que se inició el caso, en febrero del año pasado, tras las denuncias públicas del robo de caños en la localidad de Aguaray.

Asistido por la auxiliar fiscal Roxana Gual, el representante del Ministerio Público Fiscal fundó el pedido de penas para el ex intendente Jorge Prado, el empresario mendocino Diego Alos, titular de la firma OSYP SA y Adrián Vera, de la empresa Vera SA.

Como se sabe, Prado y los dos empresarios fueron declarados culpables el jueves pasado, cuando el tribunal, a instancia del alegato de la fiscalía, decidió que los tres acusados fueron coautores del delito de robo agravado, por ser cometido en banda y despoblado. En el caso de Vera, en tanto, le sumaron el delito de uso de documento privado falso.

Este fallo, se dictó en el marco del juicio seguido por el robo de caños del Gasoducto GNEA, ocurrido entre el 19 de diciembre de 2019 y el 14 de abril de 2020. El saqueo se produjo primero en el paraje Tonono, hasta el 7 de febrero de 2020 y posterior en El Desemboque, hasta el 14 de abril.

En ese lapso, se produjo el robo de más de 228 caños pertenecientes a una obra del Estado Nacional, la cual inutilizó la posibilidad de que toda la región fuera beneficiada con el suministro de gas procedente de Bolivia, obra que en ese entonces estaba a cargo de la contratista ENAR SA, ahora IEA SA.

En concreto, el robo causó un daño de 5 millones de dólares solamente en materia de caños sustraídos, para lo cual los acusados montaron una obra similar a la desplegada para el tendido de la red gasífera, valuada en total en toda la región en más de 2 mil millones de pesos.

Con este contexto, ayer el fiscal Villalba remarcó la responsabilidad de Prado, quien desairó el voto dado por los vecinos de Aguaray, los principales perjudicados por el despliegue delictivo de su electo intendente, quien inició su gestión con uno de los mayores actos de corrupción de Salta.

Por ello, y sin dejar de hacer alusión a su condición de funcionario público, el fiscal pidió para el ex intendente una pena de 8 años de prisión de cumplimiento efectivo. Con respecto al empresario Alos y Vera, en tanto, solicitó una pena de 7 años de prisión para cada uno.

La querella pidió una pena mayor para el ex intendente de Aguaray

A su turno, el abogado querellante Sebastián Smith, por parte de la empresa Integración Energética Argentina Sociedad Anónima (IEASA), adhirió al pedido de pena del fiscal respecto a los empresarios Alos y Vera, pero discrepó en cuanto a Prado. El letrado solicitó para el ex intendente una pena de 10 años de cárcel efectiva, pues consideró que la responsabilidad del mismo es mayor dada su condición de intendente, un cargo que exige un análisis distinto, pues es sabido que en las localidades del interior el jefe comunal tiene amplio poder. En el turno de las defensas, el abogado Fernando Teseyra, representante de Prado, rechazó el planteo de la fiscalía y solicitó para su cliente la pena mínima de 5 años de cárcel, a la vez que solicitó que la misma se haga efectiva recién cuando la sentencia quede firme.

Como ya lo había hecho con anterioridad, el abogado reiteró que el fallo que declaró culpable a Prado será apelado, no obstante, fundó su pedido en el hecho de que la pena debe ser aplicada con un sentido de resocialización del condenado y no solamente para castigar. Casi en los mismos términos, el abogado Mauricio Cardello, defensor de Alos, se dirigió al tribunal por video conferencia, desde Mendoza, y también pidió para su cliente la pena mínima de 5 años de prisión y que la misma se haga efectiva una vez que el fallo adquiera firmeza.

Por su parte, la defensora oficial de Orán Julieta Loutayf, en representación de Vera, cuestionó el pedido de pena de la fiscalía para su defendido y, para ello, señaló que el mismo fue el único que colaboró con el caso, estuvo a derecho e incluso suscribió un acuerdo de colaboración.

La defensora señaló que, en la acusación presentada por la fiscalía, consignó un pedido de pena para Vera de 3 años de prisión, pero ahora se desentiende de ese planteo y subió la condena a 7. Destacó los aportes realizados por Vera, los cuales consideró claves para la resolución del caso. Por último, solicitó para su defendido una pena de 2 años de prisión bajo la modalidad de domiciliaria.