En cumplimiento de la sentencia dictada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso “Lhaka Honhat”, autoridades de la Nación y de la Provincia de Salta retomarán los trabajos orientados a concluir la delimitación de los exlotes fiscales 55 y 14, ubicados en el departamento Rivadavia. Cuentan con el acompañamiento de las organizaciones Asociana y Fundapaz, de intenso trabajo en territorio.
La decisión se tomó en una reunión en la que participaron el ministro de Infraestructura y titular de la Unidad Ejecutora de Salta, Sergio Camacho; el jefe de Gabinete de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación y titular de la Unidad Ejecutora nacional, Nicolás Rapetti; y el secretario de la Delegación de Asuntos Indígenas en el norte de la provincia de Salta, Marcelo Córdoba; además de los dirigentes sociales.
El proceso de delimitación y demarcación reiniciará a fines de este mes en Alto La Sierra, localidad salteña ubicada en el extremo sur de los lotes, y se llevará adelante a través de acuerdos de partes, mediante el diálogo y el consenso entre las comunidades indígenas y las familias criollas, y entre estas últimas entre sí. Estos acuerdos (que incluyen la elaboración de croquis y su posterior protocolización) serán acompañados por personal técnico y equipamiento suministrado por el Estado y las organizaciones sociales.
La sentencia de la Corte ordenó al Estado argentino garantizar el acuerdo alcanzado entre las comunidades indígenas y las familias criollas que habitan el territorio, por el cual distribuyeron entre sí las 643.000 hectáreas que lo componen. El Estado debe otorgar un título comunitario por 400.000 hectáreas para las más de 150 comunidades originarias que ancestralmente ocupan esas tierras y garantizar la relocalización de las familias campesinas dentro de las 243.000 hectáreas restantes.
Los Gobiernos nacional y provincial resaltan la centralidad del proceso de delimitación y titulación y la posterior relocalización de la población criolla por fuera del territorio indígena. Estas tareas promoverán el desarrollo integral de las comunidades indígenas en pleno ejercicio de su identidad cultural, a través del uso tradicional de su territorio. Al mismo tiempo, plantean el horizonte de una ruralidad familiar campesina y respetuosa del ambiente local.
La puesta en marcha del equipo territorial es fundamental para apoyar el modelo de gestión del territorio impulsado entre los pobladores criollos y originarios, generar confianza entre los actores involucrados y fortalecer la paz social entre todos ellos.
Por el Gobierno nacional, conformarán el equipo territorial la Unidad Ejecutora para el cumplimiento de la sentencia del caso Lhaka Honhat dependiente de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, técnicos y equipamiento proporcionados por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Nación y el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación.
Por el Gobierno provincial, se sumarán las áreas de Infraestructura, Asuntos Indígenas y Desarrollo Social.
