El amparo interpuesto por la Arquidiócesis de Salta contra el Ente Regulador de los Servicios Públicos de Salta (Enresp) dada la resolución de mayo de 2021 fue rechazado por la jueza Cecilia Mariana Ávila Ricci. El mismo disponía la quita de subsidios por el suministro de agua potable de 65 catastros pertenecientes a la Iglesia Católica salteña.
La disposición del Enresp apuntaba a que esos inmuebles no están destinados a actividades propias de este culto. Se trata de edificios ubicados en Cafayate, Orán, Salvador Mazza, Tartagal, General Güemes, San Antonio de los Cobres, Rosario de Lerma, La Viña y La Caldera. Además entre las instituciones citadas estaban la escuela parroquial Nuestra Señora de la Merced, el Seminario Metropolitano, el Bachillerato Humanista Moderno, y colegios como el Belgrano, Salesiano, San Alfonso, entre otros. Todos ubicados en la ciudad de Salta.
Para el Ente Regulador, se trata de "inmuebles donde no se practica ninguna actividad destinada al culto católico, pudiendo reasignarse dichos recursos a personas o usuarios que se encuentran verdaderamente en situación de carencia".
En una resolución posterior (987/21) a la 734/21, el Ente informó que el subsidio que recibía la Arquidiócesis de Salta por esos 65 terrenos, y que correspondía al servicio del agua potable, era de $1.400.970,14.
El Enresp aseguró que de los terrenos anexados en la resolución 734, 41 son baldíos, 7 son canchas de fútbol, 5 son viviendas en construcción, 5 son plazas de uso público, 1 es una casa de familia, 2 son colegios, 1 es una universidad, 2 son grutas y 1 es un centro recreativo.
