El fiscal penal de Rosario de la Frontera, Nicolás Rodríguez López, investiga la supuesta emisión de cheques del municipio para una persona registrada como proveedor y que luego fueron endosados y cobrados por un empleado municipal.
Desde la Fiscalía se dispuso el cumplimiento de numerosas medidas que aportaron los elementos de convicción necesarios para solicitar al Juzgado de Garantías 1 del distrito, orden de allanamiento y detención para las oficinas de la comuna y los domicilios particulares de la principal investigada y de otra persona vinculada a la causa.
La solicitud de allanamiento obedeció a la falta de información solicitada oportunamente a las autoridades municipales en el marco de la investigación.
Como resultado de la medida, se logró el secuestro de elementos de interés para la causa y que serán objeto de análisis e investigación.
En virtud de alguna difusión imprecisa o errónea, resulta un imperativo del Código de Procedimientos Penal aclarar que la detención cautelar de la Secretaria de Hacienda obedeció a haberse constatado acciones directas de la misma, en el intento de direccionamiento mediante comunicación por WhatsApp, audios y otro tipo de mensajes, con advertencias e indicaciones expresas a testigos que aun no habían declarado, destinados a aleccionar e inducir supuestas coartadas a fin de frustrar la finalidad de la investigación, instrumentos todos que se encuentran en poder del Fiscal interviniente.
La finalidad de la medida de detención cautelar, ha sido la de evitar la continuidad de este accionar hasta tanto sea cumplimentada la recepción formal de los testimonios pendientes a concretarse en el día de la fecha, y por parte de una comisión enviada con tal finalidad a la provincia de Buenos Aires. El Juez de Garantías concedió a la imputada y a pedido de su defensa, la detención domiciliaria en las últimas horas del día de ayer.
Corresponde también aclarar, que toda restricción cautelar de la libertad, se encuentra destinada a asegurar la finalidad de la investigación penal; los dos supuestos autorizados son el peligro de fuga, o el entorpecimiento de la investigación. Este segundo supuesto es el que obligó al fiscal actuante, a solicitar la medida restrictiva de libertad cautelar.
La mujer, fue imputada en forma provisional como autora del delito de fraude a la administración Pública; incumplimiento a los deberes de funcionaria pública y encubrimiento agravado.
Estuvo acompañada de un abogado particular y tras conocer la acusación en su contra, manifestó que declarará por escrito, solicitando desde la Fiscalía que se mantenga su detención.
