Frente a versiones contradictorias de autoridades nacionales que anticipaban la pretensión de poner en vigencia el nuevo régimen de segmentación tarifaria para el mes de junio o julio de este año, el ENRESP advirtió que no se había habilitado el RASE, ni aprobado los formularios, ni encuadrado a los usuarios en las categorías de menores, medianos y mayores ingresos, ni tampoco otorgado participación a las autoridades provinciales.
A ello se sumaban como pendientes la falta de información adecuada y veraz a los usuarios, la ausencia de previsibilidad del valor de las tarifas de aplicarse la segmentación y la falta de locales que garanticen en toda la provincia los eventuales trámites para mantener los subsidios, sobre todo del sector económicamente carente.
“Nos involucramos porque existe un estado justificado de preocupación ciudadana en medio de una profunda crisis económica. Queremos llevar tranquilidad a los 369.000 usuarios de energía eléctrica que no se modificarán las tarifas hasta que no existan garantías plenas para los usuarios. Sostenemos que no corresponde hacer caer masivamente los subsidios para obligar a cada ciudadano a recuperarlo mediante trámites complejos. Por el contrario, creemos que con cruces de padrones se pueden preservar los subsidios a la mayoría de los usuarios. En Salta ya lo hicimos en Mayo y no tuvimos problemas”, expresó el titular del Ente, Carlos Saravia.
El funcionario se refirió a que los precios del abastecimiento tienen un sistema de carga automática a la tarifa del servicio de energía eléctrica, cuyo mecanismo podría replicarse para reducir los subsidios en forma masiva con una orden directa a EDESA. Por ello, el ENRESP consideró necesario prohibir modificaciones hasta tanto la autoridad de aplicación de la segmentación cumpla con lo dispuesto por el Decreto N° 332/22 de Presidencia de la Nación y la Resolución 467/22 de la Secretaría de Energía de la Nación.
“Sostuvimos en audiencia pública que los usuarios de una provincia relegada y empobrecida como Salta no deben perder los subsidios. Nos obligan a pagar la deuda generada durante décadas por el AMBA. Ahora pedimos que respeten a las provincias y corrijan los procedimientos que afectarán la economía de miles de familias. La medida cautelar es una decisión que lleva tranquilidad a todos los que están en incertidumbre por falta de información adecuada y veraz y que se levantará cuando se revierta la situación” concluyó el presidente del ENRESP.
