Greenpeace, exige urgente la ley nacional de Humedales

Estos incidentes no solo sirvieron de disparador para que se instale en la agenda la necesidad de sancionar una Ley de Humedales, sino también para lanzar acusaciones cruzadas entre ambientalistas, la política y el sector agropecuario, sobre las responsabilidades de los incendios. Lo cierto es que en el Congreso ya hay movimientos para comenzar con su discusión y desde el campo se plantean inquietudes, miedos y reticencias. 

A grandes rasgos, un humedal es una zona de la superficie terrestre que está temporal o permanentemente inundada. Hoy existen 13 proyectos de ley con estado parlamentario entre las dos cámaras que componen el Poder Legislativo Nacional, de los cuales 10 fueron presentados en Diputados y 3 en Senadores en los últimos meses. Más allá de que los proyectos elevados para su tratamiento corresponden a casi todo el arco político, la mayoría buscan establecer los presupuestos mínimos para la conservación, protección y uso sustentable de los humedales. 

Si bien en ambas cámaras comenzaron las charlas informativas respecto a los proyectos presentados, es en Diputados donde existe un mayor dinamismo en cuanto al tema.   

Hay dos proyectos presentados que “están bastante cerca en la negociación de tratamiento” en comisión. Estos son los del diputado del Frente de Todos (FdT) y presidente de la Comisión de Recursos Naturales y Conservación del Ambiente Humano, Leonardo Grosso, y de los legisladores por Cambiemos, Brenda Lis Austin, Gustavo Menna y Ximena García. 

Ambos plantean la realización de un Inventario Nacional de Humedales, establecer un ordenamiento territorial (clasificación de los humedales en cuanto a si deben ser preservados o son aptos para usos múltiples), el establecimiento de moratorias y la creación de un fondo nacional para su sustentación. 

Si bien existen diferencias entre los dos proyectos respecto a qué jurisdicción debe realizar el relevamiento de humedales (nacional, provincial o en conjunto) o cómo se categorizan éstos respecto a su preservación o uso, la más considerable corresponde a las sanciones penales, además de las económicas, que se encuentran en el proyecto de Grosso. Este prevé penas de 2 a 6 años de cárcel para aquel que “de un modo peligroso para la salud humana o la naturaleza, envenenare, adulterare, incendiare, emitiere radiaciones o ruidos, arrojare contaminantes en el suelo, atmósfera o el agua, destruyendo o de cualquier modo dañando significativamente, en todo o en parte, humedales, cuando se encontraren legalmente protegidos”. La misma se puede extender a 25 años si involucra la muerte de una persona. 

Para conocer el punto de vista ambiental, Luis “Gordo” Puló y Cecilia Torres entrevistaron en Salta + Iva por FM Identidad 103.3, a Leonel Mingo, coordinador de la campaña de Greenpeace, resaltó que más de 500 organizaciones piden por una ley de protección de humedales desde hace más de diez años. 

Los proyectos presentados fueron perdiendo sucesivamente estado parlamentario, y el fuego fue avanzando sobre estos ecosistemas sin control: en 2020 se quemaron más de 350 mil hectáreas, más de 200 mil en 2021 y en lo que va de este año ya son 230 mil hectáreas incendiadas, en su mayoría en forma intencional.   

“Gracias a la presión de la ciudadanía, que no descansó nunca, tenemos la esperanza de que el Congreso finalmente logre una Ley y haya algún tipo de control sobre los humedales”, señaló Mingo en Salta + Iva.  

“Se trata de ecosistemas fundamentales para la biodiversidad y para la provisión de agua, y es inconcebible que todavía no haya regulación sobre ellos”, manifestó el ambientalista en Salta + Iva.  
 
La visión de los gobernadores del Litio 

Los gobernadores de Salta, Jujuy y Catamarca expresaron su preocupación por la forma en la que Diputados lleva adelante el debate. 

Solicitaron a la Cámara de Diputados que no legisle sobre la Ley de Humedales sin antes de conocer cada zona del país porque podrían afectar industrias como la del litio, que recién está naciendo en el país.