La Fiscalía Penal N° 2 de Orán, bajo la dirección de la fiscal penal Mariana Torres, imputó provisionalmente a funcionarios policiales y civiles tras una minuciosa investigación sobre actividades vinculadas al tráfico de estupefacientes, llevada a cabo por la Brigada de Investigaciones N° 2 de Orán.
Cuatro efectivos policiales de la SINAR 23 (dos hombres y dos mujeres), fueron imputados por presuntas exacciones ilegales, peculado e incumplimiento de los deberes de funcionario público por omisión todo en concurso real. En el caso de otros cuatro agentes (una mujer y tres hombres), se los imputó por el presunto delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público por omisión. En tanto dos mujeres civiles, fueron imputadas por el delito de ofrecimiento de dádivas.
En la investigación se determinó que los involucrados que revisten en la fuerza policial, habrían llegado a acuerdos para no llevar a cabo procedimientos de allanamientos, llegando incluso a alertar a las personas bajo investigación. Como resultado, los procedimientos policiales no lograron los resultados esperados. Esta actuación conjunta permitió el ocultamiento de pruebas y la fuga de los individuos investigados.
De los hechos relevados se pudo determinar que los policías actuarían en colaboración con dos mujeres civiles, quienes enfrentan acusaciones por facilitar la operación y el tráfico de sustancias estupefacientes al presuntamente liberar áreas estratégicas para la venta de dichas sustancias.
La fiscal Mariana Torres investiga también, si se planearon operativos y allanamientos a cambio de compensación económica, que podrían ser entregadas directamente por los investigados o transferidas a las cuentas de los involucrados, como así también la posible apropiación indebida de fondos provenientes de secuestros realizados en el contexto de estas actividades ilícitas.
La fase operativa de esta investigación culminó esta mañana con la ejecución simultánea de seis allanamientos en diversas ubicaciones del norte provincial. Estos procedimientos, realizados tras consulta y autorización del juez de Garantías, llevaron a la detención de las personas vinculadas a los hechos.
