Guadalupe Montero
La fiscal penal de la Unidad de Delitos Económicos Complejos (UDEC) Ana Inés Salinas Odorisio, dispuso se concreten tres allanamientos y posterior secuestro de dinero en moneda nacional y extranjera.
Los allanamientos se hicieron en calle Leguizamón n° 753 (sede de la inversora), junto a dos viviendas ubicadas en Castellanos y Villa San Lorenzo.
Además secuestraron elementos que podrían ser útiles a la causa en la que se investiga por una serie de estafas a la Compañía Privada Desarrollos e Inversiones S.A., empresa dedicada al rubro financiero y de la construcción.
La Fiscal solicitó también a la jueza de Garantías 8va. Nominación, Claudia Puerta, la aplicación de medidas sustitutivas para la imputada María Mercedes Ibarra sobre quien pesan denuncias por estafas reiteradas (9 hechos), en concurso real.
La imputada se presentaba como presidente de una financiera solvente y seria, Compañía Privada de Desarrollo e Inversiones S.A., ofreciendo a los denunciantes la celebración de operaciones de inversión de sumas de dinero con altas tasas de interés e inclusive su conversión a moneda extranjera (dólares estadounidenses), a sabiendas que no cumpliría con lo comprometido.
Incluso, según consta en algunas denuncias, a fin de aparentar mayor seriedad del negocio jurídico celebrado y obtener la confianza de los denunciantes, suscribió contratos titulados "Negocio en Participación" en los que, habiendo los damnificados, entregado importantes sumas de dinero, la imputada no cumplió con la devolución de lo invertido, ni pagos por intereses, perjudicándolos patrimonialmente.
La solicitud de aplicación de medidas sustitutivas para la imputada, es a fin de asegurar que la misma se someterá a los designios de la Justicia y que no entorpecerá la investigación.
De igual forma y atento a los dichos manifestados por los denunciantes, la gravedad y cantidad de imputaciones formuladas y por formular en contra de la denunciada, se solicitó como medida, la obligación de presentarse ante la Unidad de Delitos Económicos Complejos cada 15 días a fin de constatar su domicilio actual, la prohibición de salir del país, y la prestación de una caución adecuada propia; todo ello bajo apercibimiento de incurrir en desobediencia judicial.
