El oficialismo propone modificar el artículo 64 quinquies del Código Electoral Nacional, que establece la "obligatoriedad de los debates. Establécese la obligatoriedad de debates preelectorales públicos entre candidatos a Presidente de la Nación, con la finalidad de dar a conocer y debatir ante el electorado las plataformas electorales de los partidos, frentes o agrupaciones políticas”.
El Gobierno busca eliminar los debates presidenciales obligatorios
Guadalupe Montero
El proyecto de reforma electoral que impulsa el oficialismo no solo contempla la suspensión de las PASO. También propone modificar el régimen de debates presidenciales para que dejen de ser obligatorios, al menos en la etapa de las elecciones generales, y que su realización quede sujeta a la decisión de la Cámara Nacional Electoral (CNE).
La iniciativa obtuvo dictamen en la comisión de Acuerdos Constitucionales del Senado. En su artículo 10, plantea reemplazar la normativa vigente, que establece la obligatoriedad de los debates públicos entre los candidatos a presidente antes de las elecciones generales.
En detalle, la Ley 27.337, incorporada al Código Electoral Nacional (Ley 19.945), dispone la realización de dos debates antes de los comicios generales, uno de ellos en una capital provincial. También contempla una instancia adicional en caso de segunda vuelta. La transmisión debe realizarse de manera obligatoria a través de los medios estatales y prevé sanciones para los candidatos que no participen, entre ellas la pérdida de espacios de publicidad audiovisual y la presencia de un atril vacío.
En su lugar, el proyecto plantea que la Cámara Nacional Electoral pueda organizar debates únicamente entre los candidatos que lleguen a una segunda vuelta electoral. El texto propuesto establece: “Artículo 64 quinquies: Debate presidencial en segunda vuelta electoral. La Cámara Nacional Electoral podrá organizar debates preelectorales públicos entre los candidatos a Presidente de la Nación que alcanzaren la instancia de la segunda vuelta electoral prevista en el artículo 96 de la Constitución Nacional, con la finalidad de dar a conocer y debatir ante el electorado las plataformas electorales de las agrupaciones políticas. El debate presidencial tendrá lugar dentro de los diez (10) días anteriores a la fecha de la elección”.
De esta manera, la iniciativa elimina la obligación de realizar debates antes de la primera vuelta y deja en manos de la autoridad electoral la posibilidad de convocarlos para el balotaje.
La Cámara Nacional Electoral continuará como autoridad de aplicación y tendrá facultades para reglamentar los aspectos vinculados con la organización del encuentro. Además, contará con el asesoramiento de organizaciones académicas y de la sociedad civil para convocar a los candidatos o representantes de las fuerzas políticas a una audiencia.
Esa instancia tendrá como objetivo acordar el reglamento del debate, la elección de los moderadores y los temas que se abordarán.

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