Familia salteña involucrada en un escándalo por organización de juegos de azar ilegal

La fiscal penal subrogante de la Unidad de Delitos Económicos Complejos (UDEC), Ana Inés Salinas Odorisio, requirió juicio al Juzgado de Garantías 7 para Fausto Gustavo Puentes, Pedro Gustavo Puentes y Sofía Macarena Puentes, a quienes acusa del delito de explotación y organización de juegos de azar ilegal.

Para la Fiscal existen pruebas suficientes para sostener que los dos hombres y la mujer organizaron —de común acuerdo y a través de un grupo de WhatsApp— actividades vinculadas con la administración, organización y desarrollo de juegos de azar. Estas consistían en la realización de sorteos de elementos relacionados con la pesca y el camping (cañas, reels, conservadoras, carne para asado, entre otros), cuyos números ganadores se determinaban utilizando la Tómbola Salteña, sin la debida habilitación del Ente Regulador del Juego de Azar (EnReJA).

La intervención de la UDEC se inició a partir de la acumulación de 43 denuncias de características similares. En ellas se señalaba que los acusados -un padre y sus dos hijos- habían creado un grupo en la aplicación WhatsApp denominado “La Pesca con Gustavo”, con el fin de realizar sorteos de distintos artículos para pesca y camping. Para ingresar al grupo, los participantes recibían un enlace en sus teléfonos celulares. La mayoría de los denunciantes afirmó conocer a Gustavo Puentes por compartir salidas de pesca.

Fausto Puentes habría sido quien organizaba y explotaba los sorteos: habría informado los números y los premios disponibles, y habría proporcionado en el grupo el número de su cuenta de Mercado Pago para que los participantes realizaran las transferencias correspondientes.

Una vez que los participantes enviaban los comprobantes de pago, los denunciantes eran ingresados al sorteo. Fausto también se habría encargado de asignar los números e informar el horario en el que se realizaría el sorteo, utilizando como referencia los resultados de la Tómbola Salteña. Según el monto abonado, variaba la cantidad o calidad del premio asignado.

Por su parte, Sofía Puentes, habría administrado el grupo de WhatsApp y, en ausencia de Fausto, habría organizado los sorteos y coordinado la entrega de los premios.

Con esta maniobra, el padre y los dos hijos habrían recibido dinero de los participantes y habrían continuado administrando los sorteos hasta diciembre de 2024, cuando habrían comenzado a incumplir con las entregas. Durante varios meses, numerosos participantes reclamaron los premios que aseguraban haber ganado, sin obtener respuesta.

En el requerimiento de juicio, la fiscal Salinas Odorisio señaló que, en la provincia, las licencias para la explotación de juegos de azar son otorgadas exclusivamente a personas jurídicas. Por lo tanto, al carecer de habilitación legal, los acusados habrían generado un perjuicio económico al Estado Provincial.