La justicia y la Policía de la Provincia, llevaron adelante un operativo que culminó con la entrega judicial de 160 vacunos a organizaciones protectoras de animales.
Policiales06 de junio de 2025
Guadalupe Montero
La causa, iniciada a raíz de reiteradas denuncias por daños provocados en las plantaciones de caña de azúcar de la empresa Seaboard en el distrito Tabacal, fue impulsada por la fiscal penal de Pichanal, María Sofía Fuentes, quien dispuso el urgente secuestro de los animales como elementos de prueba para la investigación del delito de daños (art. 183 del Código Penal).
La intervención conjunta con la División Caballería de Orán resultó clave para el resguardo inicial de los animales en un predio de siete hectáreas, puesto a disposición por la empresa damnificada. El personal policial estuvo a cargo de la alimentación, control y traslado de los vacunos bajo la supervisión de su estado sanitario, por parte del SENASA.
Al verificarse la ausencia de documentación válida que acredite la propiedad del ganado por parte de los supuestos responsables y, conforme a lo establecido por la Ley 7838, el Código Procesal Penal y las acordadas vigentes de la Corte de Justicia de Salta, el juez de Garantías 2 de ese distrito, Ramiro Morizzio, resolvió ratificar el secuestro y disponer la entrega de los animales en carácter de depositarios judiciales a las ONG P.A.S. (Protectora de Animales de Salta) y Ajuya Jalala, quienes desarrollan un programa de adopción responsable con fines no faenatorios.
El abordaje de la situación denunciada se realizó de manera integral, en el marco de la política asumida por el Ministerio Público Fiscal en coordinación con la Policía de Salta, orientada a intervenir con celeridad y firmeza frente a conductas negligentes o dolosas, y que refleja un enfoque preventivo que prioriza la protección de la salud pública, la seguridad vial, la producción agroindustrial y el bienestar animal, todo dentro del marco normativo vigente.
La investigación se inició a partir de denuncias realizadas a través de la web, en las que se señalaba a las imputadas como vinculadas con la comercialización de sustancias estupefacientes.
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La investigación inició por una denuncia anónima.
Por el hecho imputaron a un hombre mayor de edad.
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En respuesta a una denuncia por maltrato animal, la Fiscalía había solicitado una medida preventiva contra el imputado, en atención a la protección de los animales y a la prevención de riesgos para terceros.
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