El inmueble en cuestión se encuentra intervenido por la Justicia en una causa por lavado de dinero y había sido entregada al propietario en abril pasado. Se trata de una de las 26 propiedades que pertenecen a Máximo y su hermana Florencia Kirchner.
Según indica Clarín, la vivienda se convirtió en objeto de una inesperada disputa con la interventora Raquel Moyano, pues la casa había sido usurpada, luego fue robada y Máximo Kirchner pide que la Justicia se haga cargo de ese deterioro.
Formalmente el Tribunal Oral Federal 5 (TOF 5) que actúa en la causa no le entregó el manejo de la casa a los Kirchner, sino sólo el permiso para su uso con algunas exigencias. A raíz del marcado deterioro que dejó el último inquilino, el TOF 5 había ordenado a la interventora que se realicen las reparaciones necesarias. La pandemia impidió los trabajos y en las últimas semanas, “se registró un ingreso forzoso a la propiedad”. Es por eso que la defensa de Máximo Kirchner denunció a la interventora por no haber cuidado la casa. La propiedad se encuentra en Río Gallegos, sobre la calle 25 de mayo.
En el marco de las causas judiciales, en junio de 2017 se designó como interventora a Raquel Moyano. Su manejo de las propiedades de los Kirchner derivó en sendos reclamos por parte de la defensa de la familia. Algunos inmuebles nunca más lograron alquilarse -como el departamento que usaba Cristóbal López en Puerto Madero y unidades en Río Gallegos-, y hay hoteles que aún se mantienen cerrados. Incluso la casa patagónica Los Sauces sufrió un marcado deterioro y la Justicia autorizó a la familia a realizar las reparaciones correspondientes para que su valor no decrezca.
