Reforma laboral: Milei promete premio al mérito

Después de arrasar en las elecciones y ganar robustez en el Congreso, el Gobierno analiza la letra chica de una reforma laboral, incluida entre las transformaciones de "primer" y "segundo grado" previstas en el Pacto de Mayo durante el primer año de administración libertaria. Desde los gremios afirman que no se presentó una propuesta concreta en el marco del Consejo de Mayo y se atribuyen el bloqueo del capítulo laboral del decreto 70/2023 (fue suspendido por la Justicia).

El presidente Javier Milei tildó el régimen actual de "anacrónico" y propuso una nueva reglamentación en la que los empleadores y los trabajadores del sector informal puedan "acordar" y formalizar la relación. Las palabras del libertario surgieron un día después de las elecciones, aunque son cambios que el Gobierno analiza desde antes del gran evento de la democracia.

Un nuevo régimen laboral. ¿Cómo sería? En principio se analizan dos variantes: que el convenio de empresa tenga prioridad sobre el convenio de actividad o que, como ocurre actualmente, el convenio de actividad prevalezca, permitiendo que el de empresa solo pueda mejorar las condiciones del primero. Sin embargo, esta segunda opción es la que rige hoy, donde el piso de aumento lo establece la paritaria sectorial, mientras que el empleador puede otorgar mejoras adicionales según su situación. En definitiva, el trabajador queda cubierto con un incremento mínimo garantizado, aunque las empresas con más margen pueden mejorar las condiciones.
Si bien el proyecto de ley no es mismo que el presentado por la diputada de LLA Romina Diez, desde el oficialismo aseguran que podría servir como punto de partida, en línea con lo que ya se había contemplado en la vieja Ley Bases.

 No obstante, dado que esa iniciativa incluía indemnizaciones en cuotas y un aumento en la cantidad de horas laborales, entre otros cambios, el Gobierno remarca que no se incorporará ninguna medida que afecte derechos adquiridos de los trabajadores, según enfatizó el propio secretario de Trabajo, Julio Cordero.
Desde la administración libertaria auguran que una reforma laboral tendería a ayudar a formalizar a cerca del 40% de los trabajadores que actualmente se encuentran fuera del sistema. La informalidad afecta hoy al 42% de los empleados, es decir, unos 8,8 millones, y crece desde hace 10 años, según datos oficiales.
La reforma laboral -que estaría finalizada el 15 de diciembre- prevé que los convenios por empresa “ajusten sus cláusulas a las realidades de cada compañía, sus trabajadores y la región donde desarrolla su actividad económica”.

Para ello, afirman que se requiere una “modernización laboral” que debe darse en el marco del diálogo con empresarios y gremios. Sin embargo, estos últimos sostienen que las reuniones en torno al Consejo de Mayo no incluyeron una propuesta concreta. Lejos de eso, remarcan que solo se planteó la intención de ratificar las modificaciones previstas en el decreto 70/2023, que la propia CGT logró frenar mediante una cautelar.

"Cordero podrá decirle al empresariado lo que quiere escuchar en IDEA, pero para plantear una reforma de esta característica tienen que hablar con los gobernadores y la parte sindical”, insiste una alta fuente del sector, que niega que exista algo más que trascendidos de prensa y la exposición del titular de la Secretaría de Trabajo en el coloquio.