Guadalupe Montero
Se trató de un encuentro donde se expuso la situación económica en general y cada referente gremial expresó las necesidades y propuestas. Una nueva reunión se realizará el 19 de este mes para ir acercando posiciones.
En ese marco, se reafirmó la importancia de sostener a la Provincia frente a las crisis, mediante medidas concretas como el otorgamiento de bonos, la asistencia a pequeñas y medianas empresas, la reducción de impuestos, la implementación de planes de pago, el apoyo al turismo, el acompañamiento permanente a los municipios y el sostenimiento de la carrera del empleado público.
Desde el Gobierno provincial se destacó la convicción de un Estado presente, que cuide el servicio público y a la población, especialmente en un escenario complejo marcado por la caída de los recursos nacionales. En términos reales, Salta recibe casi un 7% menos de ingresos nacionales y registra una pérdida equivalente del poder de compra.
Asimismo, se señaló que el actual modelo económico nacional, de corte ortodoxo, combina baja de la demanda con desaceleración de la inflación, generando un contexto de gran recesión, con menos Estado, ajustes y una fuerte caída de la industria y el empleo. En los últimos dos años, la Provincia dejó de percibir 700 mil millones de pesos. De no haberse producido estas reducciones, Salta contaría hoy con cerca de un billón de pesos adicional por año.
El impacto social de esta situación se refleja en los indicadores laborales: siete de cada diez personas presentan problemas de empleo y la pérdida de puestos de trabajo es la más significativa desde la pandemia. En ese contexto, se advirtió que la denominada reforma laboral opera como una reforma impositiva, al proponer la reducción del impuesto a las ganancias para grandes empresarios, un tributo coparticipable que impacta directamente en los recursos provinciales.
Finalmente, se remarcó que, aún sosteniendo el equilibrio fiscal y políticas de reducción de impuestos, Salta perdió 317 pymes en los últimos dos años, en línea con una caída de 18.500 pequeñas y medianas empresas a nivel nacional, lo que refuerza la necesidad de profundizar el diálogo paritario y las políticas públicas de acompañamiento al sector productivo.
