Guadalupe MonteroBajo la dirección de la fiscal penal de la Unidad de Delitos Económicos Complejos (UDEC), Ana Inés Salinas Odorisio, personal de la Unidad Investigación UDEC del CIF procedió al allanamiento de cuatro domicilios, al secuestro de documentación y a la detención de dos mujeres.
El operativo se realizó en el marco de la investigación por presunta falsificación de certificados, que, según la denuncia del Ministerio de Educación, habrían sido utilizados para incrementar puntaje en concursos y procesos de designación de cargos. Los domicilios allanados se encuentran en Coronel Mollinedo, El Tala, El Galpón y Embarcación.
La intervención de la UDEC se inició el 17 de diciembre de 2025, con la denuncia del secretario de Gestión Educativa, Williams Becker, quien informó que una auditoría interna había detectado una presunta maniobra masiva de incorporación de certificados apócrifos en los procesos de valoración docente.
Precisó que, de las 292 unidades educativas auditadas hasta ese momento, se habían detectado 291 inscripciones con certificados presuntamente apócrifos, 286 registros adulterados y 237 docentes involucrados. Además, expresó que se trataba de hechos de extrema gravedad, dado que se habían asignado cargos y puntajes con documentación inexistente y que las Juntas Calificadoras de Nivel Inicial, Primario y Secundario compartían una base de datos, lo que amplió el alcance del perjuicio.
Por disposición de la fiscal Salinas Odorisio, el 18 de diciembre personal de la Unidad Investigación UDEC del CIF requirió documentación a la Secretaría de Gestión Educativa.
A partir de tareas de campo, entrecruzamiento de datos y análisis bancarios e informáticos, los investigadores determinaron que los docentes eran captados a través de la red social Facebook mediante perfiles denominados “Cursos Educar” o bajo el alias “Ana Guzmán”. A través de esos contactos, se ofrecían diplomaturas y postítulos con puntaje docente, supuestamente avalados por instituciones reales como CEDSA o el Instituto Dr. Emilio Castro. Tras abonar sumas que oscilaban entre los $95.000 a $360.000, recibían certificados en formato PDF, con firmas y sellos escaneados.
El análisis de la Dirección de Control y Acreditación de Títulos confirmó que la mayoría de los números de registro no existían en las bases oficiales. Se detectaron duplicaciones exactas, múltiples registros asociados a una misma persona y numeraciones inexistentes. Solo cinco casos coincidieron con registros válidos.
