Guadalupe MonteroLa polémica por los créditos hipotecarios otorgados por el Banco Nación a funcionarios y legisladores oficialistas sumó este lunes un nuevo capítulo judicial. La causa, que quedó radicada en el juzgado federal de Daniel Rafecas, pone bajo análisis los préstamos concedidos a dirigentes vinculados al oficialismo, luego de que trascendiera una nómina con montos millonarios y beneficiarios de distintas áreas del Gobierno.
Entre los nombres que figuran en la lista aparecen Felipe Núñez, director del BICE y asesor del ministro de Economía, con una deuda cercana a los $373 millones; Federico Furiase, secretario de Finanzas, con alrededor de $367 millones; y Pedro Inchauspe, director del Banco Central, con un crédito que supera los $500 millones. También fueron señalados Juan Pablo Carreira, a cargo de la Oficina de Respuesta Oficial; el diputado libertario Santiago Santurio; Sharif Menem, funcionario en la Cámara baja; y Guillermo Madero, jefe de Gabinete del Ministerio de Defensa.
La nómina además alcanza a otros dirigentes de La Libertad Avanza, entre ellos los diputados Alejandro Bongiovanni, Mariano Campero y Lorena Villaverde, así como también a Emiliano Mongilardi, integrante del directorio de YPF. Desde el oficialismo sostienen que los créditos fueron otorgados bajo las mismas condiciones disponibles para cualquier cliente que cumpliera con los requisitos, mientras que la oposición reclama revisar las carpetas crediticias, los tiempos de aprobación y las garantías presentadas.
En paralelo, la controversia ya tuvo impacto interno. La salida de Leandro Massaccesi del Ministerio de Capital Humano, luego de que trascendiera que también había accedido a uno de estos préstamos, reavivó la discusión sobre los criterios aplicados dentro del Gobierno. Mientras la Casa Rosada insiste en que no hubo privilegios, la investigación judicial buscará determinar si existieron irregularidades o trato preferencial en el otorgamiento de los créditos
