Guadalupe MonteroEntre el paquete de nuevos proyectos que el Gobierno impulsa en el Congreso de la Nación, el que contiene mayor ambición económica es el del Súper RIGI, que busca ampliar y complementar otros dos regímenes de inversiones que ya se implementan en nuestro país; el RIGI y el RIMI. En este caso, el programa establece un umbral mínimo de financiamientos de u$s1.000 millones y un plazo de adhesión de cinco años desde la sanción de la ley, con la posibilidad de prórroga de un año más.
Según se establece en su redacción, el régimen no aplica para infraestructura ni recursos naturales, sino para “nuevas actividades económicas”: “Todo proyecto industrial, tecnológico o de prestaciones de servicios vinculadas a infraestructura tecnológica y digital estratégica”, aunque sujeto a “los términos que establezca la reglamentación”. Daniel González, secretario coordinador de Energía y Minería, detalló que el “Súper RIGI va a proyectos que no existen, la mayoría de los cuales no los conocemos así que no queremos dar una lista exhaustiva de esos proyectos”. “No queremos limitarlo”, agregó después.
El funcionario, que se presentó al debate ocurrió en el plenario de las comisiones de Presupuesto, Tecnología e Industria, analizó que se trata de una “evolución del RIGI” que vence en julio de 2027: “Sería un error intentar extender ese régimen, porque fue posicionado como un régimen excepcional que tenía vencimientos y una cantidad de proyectos apuraron su presentación para llegar”. “Si un proyecto vuela con el RIGI, no tiene posibilidad del Súper RIGI”, aclaró, en base al proyecto que también inhibe el ingreso de propuestas que se focalicen en “instalaciones preexistentes”.
Aunque se trató de una reunión informativa, alguno de los aliados provinciales del oficialismo en el Congreso anticiparon a este medio su visto bueno al régimen y apuntaron a las adhesiones de las Legislaturas locales al RIGI. Como ejemplos, están Misiones, Salta, Catamarca y Tucumán.
