Guadalupe MonteroLa política tiene caminos de ida y vuelta. A veces, también, atajos. Javier Milei intentó derogar la ley de Tierras por decreto, la Justicia lo frenó y el Gobierno llevó entonces la discusión al Congreso. Allí tampoco consiguió avanzar. Ahora, un fallo de la Corte Suprema vuelve a modificar el escenario y deja abierta una discusión que, lejos de terminar, regresa al terreno político.
El máximo tribunal revocó el fallo de la Cámara Federal de La Plata que había declarado inconstitucional el artículo 154 del DNU 70/2023, mediante el cual el Gobierno derogó la Ley 26.737. En términos prácticos, la decisión elimina el obstáculo judicial que mantenía vigente el régimen que limita la propiedad extranjera de tierras rurales.
Pero hay una diferencia importante entre el efecto del fallo y lo que efectivamente resolvió la Corte. Los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti no se pronunciaron sobre la constitucionalidad de la decisión de Milei. El planteo fue rechazado porque entendieron que el Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas de La Plata (CECIM) carecía de legitimación para promover la acción. La cuestión es más que jurídica. La Corte levantó el freno, pero no laudó el partido.
