La presentación se produjo después de que la Sala III de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal concediera, el 15 de octubre, un recurso de apelación del Estado Nacional contra la decisión del juez Martín Cormick que había considerado incumplida la cautelar y había intimado al Gobierno a cumplirla en un plazo de cinco días.
El Gobierno busca frenar las multas por el financiamiento universitario
Guadalupe Montero
El jefe de Gabinete, Diego Santilli, presentó un escrito ante la Justicia para intentar frenar la ejecución de las multas personales que le impusieron en el marco del conflicto por el financiamiento de las universidades nacionales.
El funcionario solicitó que se suspendan las astreintes de $100.000 diarios fijadas por el incumplimiento de una medida cautelar y, en caso de que ese pedido sea rechazado, interpuso un recurso de revocatoria con apelación en subsidio para que se deje sin efecto la sanción.
Santilli pidió que las multas no se ejecuten hasta que la Cámara resuelva esa apelación. Según argumentó, mantener la sanción mientras se revisa judicialmente el supuesto incumplimiento podría generar consecuencias patrimoniales de difícil reparación. La Cámara aceptó tramitar el planteo de Santilli.
En el escrito, el jefe de Gabinete sostuvo que la discusión pendiente ante la Cámara comprende “la existencia misma del incumplimiento atribuido al Estado Nacional” y la interpretación de las obligaciones que, según la resolución judicial, todavía están pendientes.
Por eso, advirtió que la ejecución de las multas podría anticipar consecuencias económicas antes de que el tribunal de alzada se pronuncie sobre el planteo del Gobierno. “Esta petición no procura desconocer la autoridad de las decisiones judiciales”, aclaró, sino “evitar que se consoliden consecuencias patrimoniales de difícil reparación ulterior” mientras se revisa la cuestión de fondo.


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