Impuesto a la riqueza, listo para ser ley

El aporte extraordinario a las grandes fortunas obtuvo dictamen en el Senado y está listo para ser debatido en el recinto. Ante la comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara alta, Mercedes Marcó del Pont, titular de AFIP, precisó que el impuesto finalmente alcanzará a 12 mil personas. Además, desmintió a los empresarios agropecuarios y aseguró que “no será necesario que vendan inmuebles rurales para pagar el aporte”.

El dictamen fue firmado por los senadores del Frente de Todos en la comisión que preside el oficialista Carlos Caserio. No tuvo ninguna modificación respecto a lo aprobado en Diputados. La semana que viene podría convertirse en ley debido a que cuenta con los votos necesarios. Resta definirse si se tratará en la primera sesión extraordinaria, según lo que defina el Ejecutivo, informaron fuentes parlamentarias.

El aporte finalmente alcanzará a 11.855 personas, y no a 9300 como había indicado anteriormente la AFIP. Esto se debe a la “composición de las carteras de los contribuyentes” y a la evolución de la cotización del dólar. “Es más que lo que estábamos estimando hace un par de meses, pero está en línea con lo que había sido la discusión original cuando se empezó a analizar el tema”, indicó Marcó del Pont, sobre las estimaciones que se realizan en base a las declaraciones juradas.

La funcionaria se refirió a la crítica que se realiza desde sectores del empresariado y de Juntos por el Cambio acerca de la doble imposición entre el aporte extraordinario y el impuesto a los bienes personales. “El proyecto grava al 1,2 por ciento del total de los contribuyentes de bienes personales”, aseguró. 

Además, desmintió los argumentos que surgen de las cámaras empresarias. “Estamos gravando patrimonios, no el capital de trabajo de las empresas. Desde el sector agropecuario habían planteado que tendrían que vender sus campos para poder pagar el 2 por ciento de alícuota que plantea el proyecto. Marcó del Pont respondió con datos. Entre quienes hacen declaración de bienes personales, sólo el 17 por ciento tiene inmuebles rurales, que representan, en promedio, el 2,4 por ciento del patrimonio. “Para poner en su verdadera dimensión el alcance, hicimos el ejercicio de qué disponibilidad en promedio tienen esos sectores que declaran inmuebles rurales. Tienen excedentes líquidos financieros que representan 25 veces más el aporte que tienen que realizar”, precisó.

También se refirió a las críticas del establishment y de la oposición acerca de que el Gobierno tiene un sesgo “anti inversión”. Sobre ese punto, resaltó el esfuerzo fiscal del Estado en el pago de salarios con ATP, que lleva siete meses consecutivos. Pero también se refirió a la moratoria, donde ingresaron 500 mil planes de pago por 290 mil millones de pesos. Comparada a la moratoria que había sido aprobada inicialmente en diciembre de 2019, implicó un esfuerzo fiscal extra de 80 mil millones de pesos.

Por el contrario, reiteró que el objetivo del aporte extraordinario es “ofrecer recursos para enfrentar un escenario de emergencia sanitaria, económica y social”. Y destacó la progresividad del aporte, dado que el 55 por ciento de la recaudación total, estimada en 300 mil millones de pesos, será realizada por el 3,2 por ciento de los contribuyentes alcanzados. Se trata de 380 personas que declaran bienes por más de 3000 millones de pesos.

En la composición de los patrimonios alcanzados por el tributo, el 40 por ciento está en moneda extranjera, y de ese monto, el 93 por ciento está fuera de la Argentina. Allí la alícuota será 50 por ciento mayor. “Los tramos en el exterior son más exigentes. Es parte de la naturaleza de este proyecto político, de tratar que esa riqueza que se dolarizó y salió de las fronteras vuelva en parte o haga un aporte mayor a los que tienen su riqueza localizada en nuestro país”, justificó Marcó del Pont.

Por otro lado, la titular de AFIP anticipó que el próximo paso será una reforma tributaria. Recordó que en los últimos 4 años la presión tributaria cayó 3 por ciento. “En simultáneo se dio un proceso de desindustrialización, destrucción del empleo y cierre de empresas”, aseguró. Impuestos progresivos, como bienes personales, pasaron de representar 0,4 por ciento del PBI en 2015 a 0,2 por ciento en 2019, y la intención del Gobierno es que alcancen el 0,7 por ciento del PBI. “Esto no es para la discusión puntual de hoy, pero si la que nos debemos hacia adelante. Lo dejo picando porque en un tiempito nos reencontraremos”, anticipó.