Venta de plasma: El médico De la Arena, contra las cuerdas

El médico Martín de la Arena está cada vez más complicado con las investigaciones judiciales del ámbito provincial y federal que se le abrieron en su contra por el negocio de la sangre. Ayer fue allanada su empresa de transfusión, Hemo Salta SRL, y ocho centros médicos por una de las causas que afronta el cuestionado profesional.

El mundo se le vino encima a De la Arena tras descubrirse a fines de septiembre una presunta comercialización irregular de plasma para pacientes con COVID-19 a una suma de $30.000 por cada aplicación de ese producto derivado de la sangre, que el Estado provincial otorga gratis a los laboratorios. Para tener un parámetro, el costo establecido de la transfusión de plasma fue regulado por el Instituto Provincial de Salud de Salta (IPS) a $4.600.

Los allanamientos de ayer fueron ordenados por la jueza federal de Garantías, Mariela Giménez, a pedido del fiscal general, Eduardo Villalba, quien lleva adelante actuaciones por el aparente delito contra la Ley de Sangre, que impide la venta de ese órgano en el país. Los operativos fueron realizados por agentes de Gendarmería en la capital salteña.

El caso fue iniciado a principios de octubre a partir de un informe de la División de Investigación de Falsificación y Adulteración de Fármacos de la Superintendencia de Investigaciones de la Policía Federal, el que advirtió sobre sospechas en torno de Hemo Salta.

En lo que va de las pericias, ya se estableció que la firma dirigida por De la Arena habría solicitado a la obra social de la Provincia, de la que la empresa es prestadora, el pago de prácticas de transfusión de plasma (plasmaféresis) por un valor mayor al costo establecido.

Por la investigación federal, Martín de la Arena puede ser condenado a penas de prisión de 6 meses a 5 años y multas que van de los 10 mil a 500 mil pesos. Por las causas provinciales podría recibir penas de 2 a 6 años de prisión.
 
"También, producto de otras documentaciones reunidas, se advirtieron otras presuntas irregularidades en la solicitud de pago por tales servicios, a sabiendas de que el Ministerio de Salud de la Provincia había dispuesto la entrega de las unidades de plasma de manera gratuita y a través del Centro de Hemoterapia", se explicó en un parte de prensa de la Justicia Federal.

Villada determinó la necesidad de profundizar la investigación respecto a la cantidad de pacientes que recibieron plasma, por lo que requirió a la jueza Giménez diversas medidas investigativas, entre ellas los allanamientos.

Fraude

En la Justicia provincial está más avanzada la causa contra De la Arena, que ya fue imputado por el delito de tentativa de fraude a la administración pública en carácter de autor y en perjuicio del Estado provincial. A ello se le sumó otra acusación de negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función, ya que el médico también ejerció como director del Centro de Hemoterapia Regional de Salta. Es decir que estaba de los lados del mostrador en el negocio de la sangre: el de la distribución y venta.

En ese último punto, el fiscal que lo investiga, Leandro Flores, a cargo de la Unidad de Delitos Económicos Complejos, estableció que en la condición de director del Centro de Hemoterapia, habría intervenido simultáneamente como socio gerente de Hemo Salta en la recepción de unidades de hemocomponentes derivadas desde el organismo público que dirigía para la ejecución del servicio.

Por la misma presunta incompatibilidad también se la imputó a la titular del Centro de Hemoterapia, Betina Saracino.