

Será a través de videoconferencia y sólo se permitirá a poco más de una docena de legisladores en el recinto. Si bien los números están ajustados, en el oficialismo confían en un resultado favorable para el proyecto que impulsa.
Además, algunos senadores pedían cambios en la iniciativa para dar la aprobación, el oficialismo negó esa posibilidad, ya que las modificaciones devolverían el proyecto a Diputados. Por eso, todos los cambios pertinentes serán realizados en la escritura de la reglamentación.
Los sondeos previos indican una paridad en torno a los 32 votos por la positiva e igual para la negativa al proyecto, lo que daría lugar a una definición por parte de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, que preside el cuerpo.
El aborto legal en la Argentina fue una de las promesas de campaña del presidente Alberto Fernández, quien en 2019 adelantó que enviaría un proyecto cuando fuese primer mandatario para apuntalar la iniciativa.
Cómo será el desarrollo de la jornada
La discusión, como durante todo el año desde que se declaró la pandemia por coronavirus, volverá a ser a través de videoconferencia y sólo se permitirá a poco más de una docena de legisladores en el recinto: cuatro por cada uno de los dos bloques mayoritarios (el Frente de Todos y Juntos por el Cambio) y seis por las demás bancadas.
El resto de los legisladores deberán pronunciar sus discursos a través de la plataforma Webex que viene utilizándose desde mayo y que funcionó sin mayores inconvenientes durante los meses de la pandemia de coronavirus.
¿Cambios al proyecto?
El proyecto sobre la legalización del aborto atraviesa los bloques de manera transversal, separando a quienes apoyan la interrupción voluntaria del embarazo y quienes se oponen, sin distinguir la bandería política.
Durante los últimos días, la sanción de la iniciativa tal como llegó de Diputados fue puesta en duda luego de que uno de los senadores aliados del Frente de Todos, el rionegrino de Juntos Somos Río Negro Alberto Weretilneck, solicitó algunos cambios al proyecto porque, de lo contrario, se abstendría.
La misma decisión tomarían, según dejaron trascender, algunos representantes de la coalición opositora Juntos por el Cambio. Si así ocurriera, el proyecto debería volver a Diputados en segunda revisión.
Sin embargo, voceros del Frente de Todos aseguraron que no avalarán ninguna modificación en el expediente y que buscarán consensuar el apoyo del Senado para que sea ley ese mismo día.
En ese sentido, la ministra de las Mujeres, Géneros y Diversidad, Elizabeth Gómez Alcorta, aseguró en los últimos días que "no se está analizando introducir cambios en el texto" y endilgó una "mirada corta" a quienes atan la suerte de la iniciativa en la Cámara alta a una idea de victoria o derrota del Gobierno.
"Está bueno aclarar que, en principio, no se está analizando introducir cambios en el texto del proyecto", respondió Gómez Alcorta al ser consultada sobre las versiones que circulaban en ese sentido.
Además de algunos legisladores que aún no comunicaron su decisión sobre el proyecto, como las opositoras Lucila Crexell y Stella Maris Olalla, está en duda la participación del riojano Carlos Menem, quien permanece internado en una clínica porteña a raíz de una descompensación que sufrió a fines de la semana pasada.
Menem, al igual que el tucumano José Alperovich (de licencia y denunciado por presunto abuso sexual), son fervientes opositores a la legalización de la interrupción voluntaria del embarazo.
El recorrido del proyecto
El proyecto fue girado al Senado luego de haber sido aprobado en Diputados el 11 de diciembre, por 131 votos a favor, 117 en contra y seis abstenciones: un margen más amplio del que había obtenido cuando fue aprobado en 2018.
Aquella vez, el expediente chocó con la negativa del Senado, que lo rechazó por 38 a 31, con dos abstenciones y una ausente.
El proyecto de legalización del aborto permite la interrupción voluntaria del embarazo hasta la semana 14 de gestación, a la vez que habilita la objeción de conciencia de los profesionales que no están de acuerdo con esta práctica médica.
Cronología del proyecto
La despenalización de la interrupción del embarazo se discute en el país desde que se planteó en un Encuentro Nacional de Mujeres en 2003, pero ya el Código Penal de hace 100 años había incorporado causales para que el acto no fuera punible.
En 1921, el Código Penal, en el artículo 86, se estableció que los casos en los que no se debe penar la interrupción del embarazo: "Cuando corre peligro la vida o la salud de la mujer, cuando el embarazo fue fruto de una violación o de un atentado contra el pudor cometido sobre una mujer idiota o demente". Esta versión, después de idas y vueltas legislativas, es la que rige hasta hoy, es decir, hace casi 100 años.
En el 2003, en un Encuentro Nacional de Mujeres (ENM), en Rosario, se realiza un taller, una asamblea y una marcha pidiendo la legalización del aborto. Allí surge el pañuelo verde que identifica la lucha argentina a nivel mundial por el acceso al derecho, aportado por Católicas por el Derecho a Decidir (CDD). Para el 2005 se lanza la Campaña Nacional que junta firmas que serán entregadas en el Congreso de la Nación con la consigna “Educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar y aborto legal para no morir”, que se mantiene hasta hoy.
En el 2006, la Campaña formula su primer proyecto de ley y un año después presenta simbólicamente aunque no logra estado parlamentario.
En el 2008 lo obtiene con la primera firma de la diputada socialista, mandato cumplido, Silvia Augsburger. A partir de allí, cada dos años la Campaña presenta su proyecto.
Para el 2011, el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas condenó al Estado argentino por no haber garantizado, en 2006, el acceso a un aborto a una joven con discapacidad embarazada producto de una violación. En tanto que para el 2014 se reinstaló el debate sobre el tema.
En 2018, la Cámara de Diputados aprobó la media sanción del proyecto de ley con 129 votos a favor, 125 en contra y 1 abstención. El proyecto fue rechazado por el Senado: hubo 38 votos negativos, 31 positivos, 2 abstenciones y una ausencia.
En 2020, el presidente envió al Congreso, el 17 de noviembre pasado, el proyecto junto a la Ley de Atención y Cuidado Integral de la Salud durante el Embarazo y la Primera Infancia -más conocida como Ley de los 1000 Días-.


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