La Secretaría de Minería y Energía del Ministerio de Producción y Desarrollo Sustentable, a través del programa de Gestión y Policía Minera, concretó 333 inspecciones y 178 estudios de impacto ambiental y social, en proyectos mineros en todas las etapas y categorías.
Se verificó el cumplimiento de los Planes de Operación Mínimo de Emergencia (POME) autorizados en el contexto de emergencia sanitaria, como consecuencia de la pandemia por COVID-19.
Durante el 2020, al igual que la mayoría de las actividades productivas, la minería se vio obligada a ralentizar sus operaciones. No obstante y por tratarse de una actividad esencial, el Gobierno autorizó el regreso de las operaciones bajo condiciones que aseguren la salubridad en los campamentos.
La Secretaría activó un doble mecanismo de control que consistió en monitoreo, mitigación y prevención de los impactos ambientales. Asimismo, se fiscalizó el cumplimiento de las medidas de bioseguridad para evitar contagios de coronavirus.
La articulación público-privada entre el organismo provincial y las empresas mineras se destacó en el contexto de la emergencia sanitaria, para superar los planes de contingencia y adaptar la actividad a la situación actual.
