A pesar de los cruces por el conflicto mapuche, el Senado prorrogó con amplio consenso y por cuatro años más la Ley de Emergencia Territorial Indígena que suspende la ejecución de desalojos de las tierras ocupadas por comunidades con personería jurídica registrada.

Para convertirlo en ley lo debe aprobar también la Cámara de Diputados. Aunque como la ley vence el 23 de noviembre, no se descarta que el Ejecutivo deba hacer una prórroga de emergencia por decreto para que no caiga.

A pedido de la oposición, el Frente de Todos aceptó modificaciones y el proyecto tuvo 43 votos a favor, 2 en contra y hubo 7 abstenciones. El tema abrió diferencias dentro de la bancada de Juntos por el Cambio.

Más allá de la suspensión de desalojos, el texto ordena la realización de un relevamiento técnico, jurídico y catastral de las tierras a cargo del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI), y para eso dispone de una partida de $ 290 millones anuales.

Este punto es el que mayor conflicto generó con la oposición que incluso pidió citar a la titular de ese Instituto, Magdalena Odarda, a pedirle explicaciones por la tardanza en la realización del relevamiento que comenzó en 2006 y el destino de los fondos.

A pedido de JxC se incorporó un artículo en el que dispone que el Ejecutivo deberá presentar por medio del INAI un informe anual que detalle el estado de avance del proceso y la situación nominal de las tierras.

El conflicto en el Sur atravesó la sesión. "Voté a favor de la prórroga dos veces. Siempre escuché el mismo argumento: que iba a ser la última vez. Pero frente al desafío de la RAM, votar esta prórroga es un suicidio institucional para este país", apuntó Ernesto Martínez, de Juntos por el Cambio, que votó en contra al igual que el radical Julio Martínez.

Para que sea ley también lo tiene que aprobar Diputados, que tuvo el martes una sesión maratónica y no tiene previsto volver a reunir al cuerpo hasta después de las elecciones.

Bajo este panorama, la palabra final recae en el presidente Alberto Fernández que debería decidir prorrogarla por decreto, como hizo con la Ley de Biocombustibles, cuando se extendió el debate.