Agrupados bajo el nombre Rosario Unidos apuntan contra Gustavo Solís y su gestión durante los últimos seis años frente al municipio.
Opinión19 de mayo de 2022
Guadalupe Montero
La pandemia, además de cambiar el mundo, los hábitos y las reglas de convivencia, trajo aparejadas nuevas conductas cívicas. En este sentido surgieron organizaciones vecinales con objetivos diversos, planteando la lucha desde los barrios.
En Rosario de la Frontera se creó una agrupación denominada Rosario Unidos, que ya forjó lazos con vecinos de Metán, y cuestionan a los funcionarios políticos por sus acciones o proyectos.
En su página de facebook Rosario Unidos señala que está compuesto por doce integrantes que conforman la comisión directiva y más de sesenta participantes.
En su presentación aseguran que "no somos un grupo político ni tenemos aspiraciones partidarias, somos vecinos que aguantamos de pie muchos años de abusos por parte de los políticos. Y si estamos aquí es porque no nos dejaron alternativas".
En este marco, Luis “Gordo” Puló y Cecilia Torres entrevistaron en Salta + Iva por FM Identidad 103.3 a Oscar Ramírez, presidente de la Asociación Rosario Unidos, reiteró la denuncia contra el intendente Gustavo Solís por corrupción, malversación de fondos y enriquecimiento ilícito.
Relató que la imputación provisoria corrió por parte de los fiscales penales Verónica Simesen de Bielke y Pablo Rivero. Son tres delitos: incumplimiento de los deberes de funcionario público (tres hechos), fraude a la administración pública y cohecho, todo en concurso real.
Los delitos
Ramírez detalló que la investigación del intendente se inició en febrero de 2020, luego de que se conociera la falsificación de facturas en Rosario de la Frontera. Tras un pedido de informe por parte de la Auditoria General de la Provincia se constataron las irregularidades en el periodo 2017.
La causa por incumplimiento a sus deberes nace en la contratación de Mirta Verónica Corimayo. Ahí hubo una “clara violación a las normativas”, pues esta mujer tenía medidas cautelares sobre las cuales fue debidamente informado Solís. En relación al fraude a la administración pública, también está vinculada al contrato de Corimayo.
Contó que se le atribuyó un segundo hecho por el delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público, al efectuar 12 contrataciones directas de obra pública con una fundación, sin que se verificaran los requisitos establecidos por la normativa de marras.
Solís Mónico también incurrió nuevamente en el delito de incumplimiento de deberes de funcionario público, al efectuar contratos de obra pública con otra persona que no estaba inscripta en el Registro de Contratistas de la Provincia, por la suma de $10.819.777,50.
El jefe comunal, además, celebró contratos con una persona física que, del 23 de mayo de 2017 al 10 de mayo de 2018, presentó 99 cheques rechazados por un monto de $22.608.759.03, según el informe del Banco Central de la República Argentina.
“Nosotros desde la asociación luchamos contra la corrupción de la gestión de esta intendencia, ya que consideramos que la corrupción es la madre de todos los males: educación, seguridad, salud pública, etc.; sino cortamos la corrupción vamos a seguir teniendo escuelas en malos estados, hospitales sin médicos. Esperamos que la justicia actué con más agilidad ante estos hechos de corrupción de Gustavo Solís” concluyó Ramírez en Salta + Iva.
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