La Sala I de la Cámara Federal porteña confirmó este miércoles por unanimidad el procesamiento de Cristina Kirchner por haber usado aviones de la flota presidencial para trasladar muebles a sus hoteles en El Calafate cuando era jefa de Estado. Además, Mariano Llorens, uno de los tres camaristas, planteó en minoría que la Vicepresidenta debe ser detenida y sometida a juicio político.

“Habré de encomendar al magistrado de grado se considere, en atención al acento distintivo de los hechos del sumario como testimonios de una matriz de corrupción especialmente dañina para los destinos de la Nación (artículo 36 de la Constitución Nacional), que debe ser prevenida, erradicada y sancionada, que evalúe los extremos aquí indicados para precisar la senda que se habrá de transitar”, expresó Llorens en un documento.

“Respecto de la porción del proceso que ingresa en el campo del derecho criminal, deberá analizar si el camino para asegurar las medidas de cautela personal es el juicio que la Constitución Nacional impone para la separación del funcionario del ejercicio del rol con el que fue investido, a fin de tornar efectivo su encarcelamiento provisional”, sumó.

“En lo que refiere a los restante eventos, carentes de relevancia penal, pero de innegable desvalor ético, corresponde poner en conocimiento de las autoridades competentes del Parlamento Argentino esta resolución para que, en el ámbito de su competencia, evalúe el inicio del proceso constitucional en cuyo marco se analice el desempeño revelado por los imputados como custodios de los bienes públicos”, agregó la resolución.

Llorens se refirió a una “falta de ética” por haber utilizado el mismo medio de transporte para llevar diarios al sur y pidió que todas las causas penales contra la Vicepresidenta, se miren desde “una perspectiva integral y conjunta (...) que pusieron en evidencia la instrumentación de un esquema de corrupción estatal, instaurado entre los años 2003 y 2015″.

Sus colegas Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi, en tanto, no tuvieron el mismo criterio y solo confirmaron el procesamiento de CFK y el embargo. En la resolución remarcaron que “utilizó en provecho propio un servicio pagado por la administración pública”.

La decisión de los jueces se dio luego de que la Cámara de Casación, máximo tribunal penal, les pidiera que vuelvan a pronunciarse. Es que el abogado de la Vicepresidenta, Carlos Beraldi, había rechazado la confirmación del procesamiento con un tecnicismo: consideraba que la Cámara de Apelaciones omitió tratar su reclamo de nulidad de la investigación y que no fue tratada.

Cristina Kirchner quedó acusada como partícipe necesaria del delito peculado (es decir, usar bienes del Estado para beneficio personal), al trasladar muebles al sur, de “el T- 01, 02, 03, a partir de 2012 T- 04, y el T-10 de la Fuerza Aérea Argentina”.

Se comprobó que de 2003 a 2015 ese movimiento de aviones oficiales, habría costado unos US$600.000 al Estado.