Tras más de 15 horas de debate, el oficialismo logró aprobar el texto del proyecto de Presupuesto 2023 en general. A la hora de la votación en particular, el Frente de Todos no consiguió los votos necesarios y optó por retirar el artículo 95 que extendía las facultades delegadas para imponer retenciones a las exportaciones. Por su parte, la oposición logró frenar el artículo que proponía cobrar Ganancias al Poder Judicial.

El proyecto obtuvo 180 votos afirmativos, 22 negativos y 49 abstenciones. La UCR, Evolución, el interbloque Federal y Provincias Unidas votaron a favor. El PRO y la izquierda se abstuvieron. La Coalición Cívica, liberales y libertarios rechazaron la iniciativa.

La aprobación en general del texto fue interpretado como un importante logro político para el ministro de Economía, Sergio Massa. En el Palacio de Hacienda destacaron que el plan de gastos y recursos “incluye un orden muy fuerte de las cuentas públicas”.

Los opositores que apoyaron el Presupuesto destacaron que las pautas macroeconómicas son más “realistas” (60% inflación y 2% de crecimiento económico) que las que presentó Martín Guzmán el años pasado y que el oficialismo aceptó varias modificaciones. Por otro lado, evaluaron que rechazar el proyecto por segundo año consecutivo le da total discrecionalidad al Gobierno para reconducir los gastos por decreto. Su objetivo fue limitar lo más posible la capacidad de reasignar partidas sin control en un año electoral.

Entre las principales concesiones que hizo el Frente de Todos para evitar el bloqueo del proyecto se destacó la inclusión de una cláusula gatillo que estipula que si al 31 de agosto de 2023, la inflación acumulada supera en 10% la meta anual establecida o si los ingresos públicos superan en 10% lo presupuestado, el Ejecutivo deberá enviar “en un lapso de 30 días una ampliación del Presupuesto, no pudiendo hacerlo por decreto”.

Por otro lado, a pedido de diputados de varias provincias y por presión directa de los gobernadores del Norte Grande, el Ministerio de Economía aceptó aumentar la partida de subsidios de transportes de pasajeros del interior de $66 mil millones a $85 mil millones. Además, el articulado fue rectificado para aclarar que esa cifra será “un piso a partir del cual se revisará el funcionamiento del sistema para actualizar el importe”.

Varias provincias también plantearon reparos ante el artículo 90, que propone que Cammesa (mayorista de energía eléctrica) se cobre las deudas de las provincias a través de descuentos automáticos de los fondos coparticipables. El oficialismo aceptó incluir un plan de regularización de deuda de hasta 96 cuotas mensuales. Sin embargo, mantuvo que las provincias son co-responsables y al término del plazo de seis meses el Gobierno podrá retener la suma adeudada, pero no de los fondos coparticipables.

Al promediar la jornada, en la bancada del Frente de Todos reconocían que no contaban con los votos suficientes para aprobar uno de los artículos que mayores resistencias generó: el cobro de Ganancias a todos los integrantes del Poder Judicial. Finalmente fue rechazado por 134 votos negativos a 116 a favor.

En cuanto a las retenciones, el oficialismo optó por retirar el artículo que extendía las facultades delegadas hasta el 31 de diciembre de 2023. “Vamos a retirar el artículo 95, no compartiendo las cosas que se han dicho, a partir de que nosotros entendemos que el Ejecutivo tiene las facultades para establecer los derechos de exportación”, dijo Carlos Heller. En el oficialismo confiaban en que las cosas “seguirán tal cual están ahora” aún sin la aprobación del artículo.